Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados con derogación de las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario

El texto que ahora deberá ser votado en el recinto este miércoles incorporó la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, votadas a instancias de la oposición que además logró imponer su sanción tras los vetos presidenciales.

La derogación de ambas leyes compone el artículo 75 del dictamen de mayoría. De todas formas, el Ejecutivo mantenía las legislaciones sin aplicación.

El dictamen de mayoría obtuvo 28 firmas -6 en disidencia- de LLA, PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, los tucumanos de Independencia, y Producción y Trabajo, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

Una de las disidencias fue del PRO, aliado histórico de LLA en el Congreso, que incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -una vez pagados los intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.

Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.

El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.

El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.

También introduce cambios en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras: donde antes se establecía que la autoridad de aplicación “determinará las diferencias de ingresos”, ahora se indica que “podrá determinar” esas diferencias, lo que flexibiliza la obligación del Estado.

Por último, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.