Reforma laboral: El Gobierno acelera negociaciones y ya tiene fecha tentativa para sesionar en febrero

La reforma laboral se debatirá en el Congreso el mes que viene.

El oficialismo avanza contra reloj para llevar la reforma laboral al recinto del Senado el próximo 11 de febrero. Con el inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 del mes próximo, el Gobierno acelera gestiones políticas y técnicas para reunir el quórum necesario y aprobar uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa.

Aunque el dictamen de mayoría ya está firmado, las conversaciones continúan. Durante esta semana seguirán las reuniones técnicas encabezadas por la abogada Josefina Tajes y el secretario parlamentario de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Cristian Larsen. El objetivo es afinar detalles del texto y evaluar posibles modificaciones que podrían incorporarse directamente en el recinto, sin reabrir el debate en comisiones.

Reforma Laboral y negociaciones

Desde el entorno de la senadora Patricia Bullrich aseguran que los encuentros con distintos sectores están siendo “productivos” y permiten recoger inquietudes concretas de actores del mundo empresario. Por el Senado ya pasaron representantes de cámaras clave como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

Las entidades empresarias valoraron el espacio de diálogo y, en términos generales, expresaron coincidencias con el espíritu de la iniciativa. Desde CAME señalaron que se trata de una instancia inédita de escucha y plantearon la necesidad de encontrar alternativas que mantengan el eje de la reforma sin afectar a las pymes. En tanto, desde la CAC remarcaron la importancia de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y sociales, y de brindar mayor previsibilidad a las relaciones de trabajo.

En contraste, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una postura crítica y marcó distancia del Gobierno. Los integrantes del triunvirato cegetista no participaron de las reuniones con el oficialismo y advirtieron que no hubo diálogo formal sobre el contenido de la reforma. Desde la central obrera anticiparon que evaluarán distintas vías de acción —judiciales y gremiales— para oponerse a los cambios propuestos, en defensa de los derechos laborales.

El Gobierno se reúne con los gobernadores

Mientras tanto, el Ejecutivo refuerza la construcción política de apoyos fuera del Congreso. En los últimos días, el ministro Diego Santilli intensificó una ronda de encuentros con gobernadores, con el objetivo de sumar respaldo político y facilitar acuerdos parlamentarios. Uno de esos encuentros tuvo lugar en Casa Rosada con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien expresó su acompañamiento a la iniciativa.

Según trascendió, en esas conversaciones el Gobierno remarca que la reforma apunta a generar empleo formal, dar previsibilidad al sector productivo y facilitar la incorporación de trabajadores al mercado laboral. Aunque algunas fuerzas provinciales no cuentan hoy con representación directa en el Senado, su respaldo político resulta clave para influir en legisladores aliados.

En el plano numérico, el oficialismo parte de un bloque propio de 21 senadores, a los que se sumarían los tres del PRO. También mantiene negociaciones abiertas con la Unión Cívica Radical, que cuenta con diez bancas, aunque todavía no está definida la posición de algunos legisladores que no responden directamente a gobernadores provinciales.

Si logra sumar esos apoyos, La Libertad Avanza quedaría a pocos votos de alcanzar el quórum de 37 senadores necesario para iniciar la sesión. En ese escenario, cobran relevancia las gestiones en provincias como Corrientes y Misiones, donde Santilli mantiene contactos con gobernadores y referentes políticos que influyen en bloques provinciales clave.

Con el calendario corriendo y un escenario parlamentario ajustado, la reforma laboral entra ahora en su tramo decisivo. Febrero será el mes en el que el Gobierno pondrá a prueba su capacidad de negociación política para transformar el dictamen en ley.