Otro choque con la Justicia: El Gobierno no afloja e insiste en frenar la Emergencia en Discapacidad

El Gobierno no quiere acatar la ley de emergencia en discapacidad.

Foto: NA.

El Gobierno nacional volvió a quedar envuelto en una controversia judicial tras apelar el fallo que lo obliga a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión fue presentada ante la Cámara Federal de San Martín y mantiene abierta una disputa clave sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo frente a una norma ratificada por el Congreso.

La apelación fue formalizada este jueves por el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, junto al abogado del Estado Julio Comadira, contra la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado concedió el recurso, pero con efecto devolutivo, lo que implica que la orden judicial sigue en pie mientras el tribunal de alzada analiza el caso.

Además, el juzgado estableció un plazo de cinco días para que el Ejecutivo exponga los fundamentos completos de su impugnación, en un expediente que ya tiene fuerte impacto político y social.

El Gobierno no afloja con los discapacitados

El conflicto se originó el 12 de diciembre pasado, cuando González Charvay hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad y ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, sancionada por el Congreso en julio de 2025. La norma declara la emergencia del sector hasta 2027 y apunta a garantizar la continuidad de prestaciones básicas, tratamientos y servicios esenciales.

El fallo también dejó sin efecto una cláusula que exigía al Parlamento detallar previamente el origen de los fondos para ejecutar la ley, uno de los puntos centrales del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Tras la insistencia parlamentaria que dejó sin margen al veto presidencial, el Gobierno había intentado frenar la implementación mediante el Decreto 681/2025, condicionando su vigencia a la inclusión de partidas específicas en el presupuesto. Esa decisión fue la que motivó la acción judicial.

El pedido de los damnificados a la Justicia

En la demanda, los padres que impulsaron el amparo advirtieron que la demora en la aplicación de la ley profundizaba una crisis estructural del sistema de discapacidad y dejaba a miles de personas sin cobertura efectiva. Señalaron, además, que el decreto presidencial colocaba a familias, instituciones y profesionales en una situación límite, al interrumpir tratamientos y servicios imprescindibles.

Desde el Ministerio de Salud, en cambio, defendieron la postura oficial. Argumentaron que ejecutar la norma sin financiamiento explícito podría afectar la sustentabilidad fiscal y obligar a recortar otros programas prioritarios. También sostuvieron que el Jefe de Gabinete carece de facultades para reasignar partidas destinadas a una ley cuya aplicación, según el Ejecutivo, aún no estaba plenamente habilitada.

El juez rechazó esos planteos. En su resolución, consideró que el decreto es incompatible con la Constitución Nacional, al interferir con el mandato de promulgación de una ley sancionada por el Congreso. También subrayó que el propio Parlamento había habilitado mecanismos de reasignación presupuestaria y recordó que el Gobierno realizó numerosas modificaciones de partidas desde diciembre de 2023.

“Nada impide que se utilicen las herramientas legales vigentes para financiar esta ley, tal como se hizo en otros casos”, sostuvo González Charvay, quien alertó sobre el riesgo de un uso discrecional de los recursos públicos que termine afectando derechos fundamentales.

La sentencia puso especial énfasis en la urgencia social de la norma, destacando el impacto directo en niños, adultos mayores y personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Ahora, con la apelación en curso, la definición quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la orden judicial continúa vigente y el conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno, la Justicia y el Congreso, en un contexto donde las políticas de ajuste chocan de lleno con demandas sociales críticas.