Nueva ofensiva del Gobierno para que Milagro Sala cumpla su condena tras las rejas

Milagro Sala goza de prisión domiciliaria pero el Gobierno pide que vuelva a la cárcel común.

El Gobierno nacional volvió a insistir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la dirigente social Milagro Sala regrese a una unidad penitenciaria y deje de cumplir su condena bajo prisión domiciliaria, beneficio del que goza desde 2017 por decisión del organismo internacional.

La nueva presentación fue realizada por el Ministerio de Justicia, que solicitó el levantamiento de la medida cautelar vigente y pidió que la condena se ejecute de manera efectiva en una cárcel común.

Desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvieron que no existen razones jurídicas ni humanitarias que justifiquen la continuidad del régimen domiciliario.

El reclamo del Gobierno

Según informó oficialmente el Ministerio, la Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la dirigente jujeña fue condenada con sentencia firme y que debería cumplir la pena “sin excepciones ni privilegios”, como cualquier otra persona condenada por delitos graves.

Desde el Gobierno remarcaron que Milagro Sala fue hallada culpable de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, y que registra una condena firme de 15 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. En ese marco, insistieron en que la prisión domiciliaria se transformó en un beneficio indebido.

En los fundamentos elevados al tribunal internacional, el Ejecutivo rechazó de manera categórica las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala. Por el contrario, sostuvo que el Estado argentino aportó documentación que acredita un incumplimiento concreto de las condiciones impuestas para el arresto domiciliario.

Milagro Sala debe ir a la cárcel

De acuerdo con el escrito oficial, la dirigente social habría cambiado de domicilio sin autorización judicial, lo que activó las alertas del sistema de monitoreo electrónico. Esa situación motivó controles y medidas de verificación previstas en el régimen de ejecución penal. Para el Gobierno, presentar esas acciones como persecución constituye una estrategia para “invertir la carga de los hechos” y sostener un beneficio excepcional.

Desde el Ministerio de Justicia también afirmaron que la Argentina cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero advirtieron que las medidas de la CIDH no pueden convertirse en un mecanismo de impunidad para personas con condena firme.

“Los derechos humanos no están para proteger privilegios” “Los derechos humanos no están para proteger privilegios”

, señalaron.

En sintonía con el discurso oficial del Ejecutivo, el comunicado subrayó que la actual administración considera que el sistema debe garantizar igualdad ante la ley y que no puede haber tratos diferenciales para dirigentes políticos o sociales. En ese sentido, se enfatizó que “no hay razones para que una persona condenada por corrupción y delitos graves permanezca en su domicilio”.

La postura del Gobierno se alinea con la narrativa impulsada desde la Casa Rosada por el presidente Javier Milei, que sostiene que en esta etapa “se terminaron los privilegios de la casta” y que el único lugar para quienes cometieron delitos es la cárcel.

El reclamo ante la CIDH vuelve a colocar el caso Milagro Sala en el centro del debate político y jurídico, en un contexto de fuerte confrontación entre el Gobierno nacional y los organismos internacionales de derechos humanos sobre los alcances y límites de sus intervenciones en causas judiciales internas.