Juicio político al juez que protegió a Karina Milei: Lo acusan de censura y connivencia con el Gobierno

El magistrado quedó en el centro de la tormenta tras ordenar, a instancias de una denuncia del Ministerio de Seguridad, una cautelar que prohíbe difundir los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Para la CC, esa decisión “constituye censura previa y un ataque directo a la libertad de expresión”.

Los fundamentos del pedido de juicio político

En el escrito, los dirigentes de la Coalición Cívica señalaron a Maraniello por “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Entre los puntos más duros, remarcaron:

• Censura a la prensa: cuestionaron la medida cautelar que bloquea la difusión de chats, fotos, audios o videos vinculados a Karina Milei. “Es un avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión”, denunciaron.
• Connivencia con el Ejecutivo: apuntaron a supuestos vínculos entre el juez y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que podrían haber servido para encubrir causas y procesos disciplinarios.
• Red de influencias: señalaron que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, entidad que, según la denuncia, “opera como una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial”, con patrocinadores privados incompatibles con la función de un magistrado.
• Denuncias de violencia de género: recordaron que el juez acumula cinco procesos en el Consejo de la Magistratura por presuntos casos de maltrato, acoso laboral y violencia de género. Por ese motivo, fue incluido en el Registro Público de Denuncias contra Magistrados.
• Irregularidades en ciudadanías: también lo vincularon a supuestas anomalías en la entrega de cartas de ciudadanía argentina.

“Un juez que perdió toda imparcialidad”

En su presentación, Carrió y sus referentes remarcaron que Maraniello “violó su deber de imparcialidad, ignoró deliberadamente el derecho vigente y abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos”. Y agregaron: “Con sus actos, menoscabó la confianza pública en la Justicia y dañó el prestigio de las instituciones”.

El pedido incluye la suspensión inmediata de sus funciones y la posterior destitución. De prosperar, el proceso quedará en manos del Consejo de la Magistratura, que deberá evaluar los cargos y eventualmente abrir el procedimiento de remoción.

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