En medio de un escenario de fuerte tensión política por el financiamiento educativo, una diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de funcionamiento de las universidades nacionales. La iniciativa busca reforzar los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos en las casas de altos estudios.
PROYECTO
El oficialismo pone el foco en las universidades y exige mayor rendición de cuentas: Qué proponen
El tema universidades es incómodo para el Gobierno, pero aún así, una diputada del oficialismo insiste con transparentar los gastos de cada una de ellas.
21 de enero de 2026 - 13:56
El oficialismo insistirá con mayor transparencia en las universidades.
La propuesta fue impulsada por la diputada mendocina Mercedes Llano y plantea cambios en la Ley de Educación Superior para incorporar obligaciones explícitas de transparencia activa en la gestión universitaria. El texto establece que las instituciones deberán publicar de manera permanente información institucional, académica, administrativa y presupuestaria, en formatos abiertos, reutilizables y con actualización periódica, en línea con lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública.
Transparencia en las universidades
Desde el oficialismo sostienen que el proyecto busca poner luz sobre la estructura interna de las universidades nacionales. En ese sentido, se exige detallar la organización administrativa, la cantidad de empleados discriminados por escalafón, el perfil del equipo directivo —tanto académico como administrativo— y los actos administrativos de designación de autoridades hasta el tercer nivel jerárquico.
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Uno de los puntos más sensibles del articulado es la publicación individualizada de la nómina de autoridades, docentes, no docentes y personal contratado, incluyendo remuneraciones brutas y netas, adicionales, incentivos, funciones desempeñadas, lugar de prestación de servicios, nivel académico y modalidad de ingreso, ya sea por concurso, designación directa o contratación. Toda esta información deberá actualizarse en un plazo máximo de 90 días.
Qué dice el proyecto presentado por el oficialismo
Además, el proyecto establece que las autoridades universitarias hasta el tercer nivel jerárquico deberán presentar y publicar online sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, conforme a la Ley de Ética Pública. También se fija la obligación de difundir las vacantes laborales, los procesos de selección y los resultados de cada convocatoria.
En los fundamentos de la iniciativa, Llano remarca que la educación superior pública es un servicio estratégico sostenido mayoritariamente con fondos estatales. Si bien reconoce la autonomía y la autarquía económico-financiera de las universidades, sostiene que estos principios deben convivir con las reglas republicanas de publicidad de los actos de gobierno, control ciudadano y acceso a la información.
En materia presupuestaria, la diputada propone que las universidades informen el presupuesto anual aprobado del ejercicio vigente y de los años anteriores, detallando crédito inicial, modificaciones presupuestarias, crédito vigente y estado de ejecución de gastos y recursos. La información deberá estar desagregada por programas, actividades y objeto del gasto.
El proyecto también obliga a transparentar transferencias, compras, contrataciones y convenios de colaboración firmados por las universidades, especificando contrapartes, montos y objetivos de cada acuerdo.
El trasfondo del debate por el financiamiento universitario
La iniciativa se inscribe en un contexto político atravesado por el debate en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que durante 2025 fue tratada en reiteradas oportunidades en el Congreso. La norma, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y promovida por bloques opositores, fue vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el Poder Legislativo insistió y rechazó el veto presidencial.
Entre otros puntos, la ley establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) debe realizar auditorías periódicas sobre las universidades nacionales y remitir sus informes al Congreso, incluyendo observaciones y planes de seguimiento.
El rol de la Auditoría General de la Nación
La AGN cumple un rol clave en el control del sistema universitario desde dos dimensiones. Por un lado, a través de un convenio de cooperación con el CIN, orientado a la creación de un portal de información universitaria para fortalecer la transparencia de los datos institucionales. Por otro, mediante su facultad constitucional de auditar a las universidades nacionales, tal como lo establecen la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la Ley de Administración Financiera.
El artículo 85 de la Constitución señala que el control externo del sector público nacional es atribución del Poder Legislativo y se ejerce a partir de los dictámenes de la AGN.
Actualmente, el organismo es presidido por Juan Manuel Olmos, referente del peronismo, y cuenta con un directorio integrado por representantes de ambas cámaras del Congreso. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados designó a Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y Pamela Calletti por Innovación Federal. Resta aún que el Senado defina a sus representantes.
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