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REUNION CLAVE

Derrota, reproches y un nuevo plan: El Gobierno reordena su estrategia por discapacidad y universidades

El Gobierno reunió a su mesa política para redefinir la estrategia legislativa. Hubo reproches pero insisten en que no resignarán el equilibrio fiscal.

Después del golpe parlamentario sufrido en la Cámara de Diputados, el Gobierno activó una instancia clave de coordinación política para redefinir su estrategia legislativa en el Senado. En las últimas horas, el oficialismo reunió a su mesa chica con un objetivo concreto: construir una salida que le permita destrabar los capítulos más conflictivos del Presupuesto 2026, especialmente los vinculados a discapacidad y financiamiento universitario, sin resignar el equilibrio fiscal.

Del encuentro participaron las principales figuras del armado político del Ejecutivo, entre ellas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. La reunión se concentró en analizar el escenario en la Cámara alta y definir cómo introducir modificaciones al proyecto durante el debate en el recinto.

El Gobierno redefine su estrategia

En la Casa Rosada admiten que la redacción original de algunos artículos generó resistencias que complicaron el avance del oficialismo y forzaron un replanteo. La apuesta ahora es avanzar con una contrapropuesta que reemplace los textos vetados por esquemas alternativos de menor impacto fiscal, capaces de sumar voluntades sin alterar las metas económicas del Gobierno.

En el capítulo de discapacidad, el Ejecutivo descarta de plano la creación de una nueva pensión no contributiva, uno de los puntos más cuestionados por el oficialismo. En su lugar, propone sostener el régimen actual de pensiones por invalidez laboral, con ajustes puntuales: el haber se fijaría en el 70% de la jubilación mínima y se habilitaría la compatibilidad con empleo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. Además, se analiza una compensación retroactiva para prestadores, como forma de descomprimir el conflicto con el sector.

Para el sistema universitario, la iniciativa oficial también introduce cambios sustanciales respecto de los proyectos rechazados. La actualización automática por inflación quedaría descartada y sería reemplazada por un esquema más controlado: un refuerzo del 20% en los gastos de funcionamiento y una recomposición salarial escalonada, con una suba inicial del 5% en diciembre de 2025 y aumentos mensuales del 2% entre enero y abril de 2026. El texto contempla una revisión en junio, aunque sin establecer una obligación legal de compensar íntegramente la evolución del IPC.

Discapacidad y universidades, piedra en el zapato

Según fuentes oficiales, el desafío central pasa por cómo instrumentar esos cambios en plena sesión para garantizar los votos necesarios y evitar una nueva derrota legislativa. La estrategia incluye negociaciones con bloques dialoguistas y la posibilidad de introducir modificaciones sobre tablas, una maniobra que el oficialismo considera clave para avanzar con el Presupuesto.

En Balcarce 50 insisten en que esta jugada no implica un retroceso político ni un reconocimiento de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, vetadas previamente por el Presidente. Por el contrario, remarcan que la postura del Gobierno sigue siendo que esas normas no están vigentes y que la contrapropuesta forma parte de un nuevo marco presupuestario.

El trasfondo del debate expuso, además, tensiones internas dentro del propio oficialismo. Tras el traspié en Diputados, surgieron versiones contrapuestas en la Casa Rosada: mientras un sector sostiene que nunca estuvieron asegurados los votos, otro afirma que se confiaba en una media sanción hasta último momento. El resultado reavivó cuestionamientos sobre la estrategia parlamentaria y sobre la conveniencia de haber incluido artículos de alto costo político.

Con el Senado como próximo escenario, el Gobierno busca ahora recomponer la iniciativa, ordenar su frente interno y evitar que el Presupuesto 2026 vuelva a convertirse en un campo minado.

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