Atornillada a su banca, la libertaria Lorena Villaverde suma un nuevo y bochornoso escándalo: Qué paso

La decisión alcanza un monto total de 40,5 millones de pesos y se mantendrá vigente hasta cubrir esa suma.

La resolución fue dictada por el juez civil de Bariloche Santiago Morán, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un particular que se presentó como damnificado en una operación inmobiliaria. Según consta en el expediente, el denunciante habría adquirido un lote en un desarrollo costero que nunca le fue entregado, pese a contar con documentación respaldatoria de la operación.

Embargo de sueldo y nuevo escándalo

El embargo dispuesto por el magistrado alcanza 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y otros 13,5 millones estimados en concepto de intereses y costas judiciales. Para garantizar el cobro, la Justicia resolvió avanzar directamente sobre los ingresos de la legisladora, una decisión poco frecuente en el ámbito político y que vuelve a colocar a Villaverde en el centro de la polémica.

La causa se inscribe en una serie de conflictos judiciales que involucran a la diputada por el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en la costa rionegrina. Distintos compradores denunciaron incumplimientos en la entrega de terrenos que, según sostienen, fueron vendidos pero nunca escriturados ni puestos a disposición.

El expediente que derivó en el embargo fue impulsado por un hombre domiciliado en Bariloche, quien presentó una boleta de compraventa como prueba central del reclamo. A partir de esa documentación, el juez consideró acreditado el riesgo de que la deuda no pudiera ser cobrada en el futuro y habilitó la retención preventiva de los haberes de la diputada.

Lorena Villaverde, una diputada polémica

El caso vuelve a poner bajo la lupa a Villaverde, una figura que ya arrastraba antecedentes controvertidos antes de llegar al Congreso. Electa senadora nacional, nunca pudo asumir su banca en la Cámara alta luego de que el peronismo impugnara su designación por causas judiciales previas, entre ellas investigaciones vinculadas a su paso por Estados Unidos y supuestos lazos con el empresario Fred Machado, extraditado por delitos relacionados al narcotráfico.

Aunque esas acusaciones no prosperaron en el ámbito legislativo, sí contribuyeron a consolidar un perfil público marcado por las controversias judiciales. Ahora, el foco vuelve a estar puesto en su desempeño fuera del Congreso y en los conflictos derivados de emprendimientos privados anteriores a su rol como funcionaria nacional.

Desde el entorno de la diputada evitaron hacer declaraciones públicas tras conocerse la medida, mientras que en el ámbito judicial aclararon que el embargo tiene carácter preventivo y no implica una condena, sino una herramienta para garantizar un eventual resarcimiento económico si la demanda prospera.

El avance de la causa podría tener derivaciones políticas en un contexto donde el oficialismo libertario busca despegarse de cualquier señal de irregularidad o corrupción. Por lo pronto, la decisión judicial ya generó ruido en el Congreso y volvió a instalar una pregunta incómoda: hasta qué punto los antecedentes privados de los dirigentes pueden transformarse en un problema institucional una vez que acceden a cargos públicos.

Mientras el expediente sigue su curso, el embargo seguirá vigente.

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