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Diputados abre una batalla silenciosa por el control de las comisiones: Cuáles quiere el oficialismo

Las comisiones en Diputados es otra batalla que el oficialismo aspira a ganar. Ya están delineando cómo estarán conformadas cada una.

La renovación de la Cámara de Diputados apenas terminó y ya se activó el capítulo más sensible de la dinámica parlamentaria: la disputa por las comisiones. Con las sesiones extraordinarias convocadas para el 10 de diciembre, el oficialismo se enfrenta a un cronograma acelerado y a negociaciones que prometen tensiones desde el primer día.

El Gobierno tiene un objetivo inmediato: aprovechar la breve ventana del 11 al 31 de diciembre para intentar avanzar con dos proyectos claves. Por un lado, el Presupuesto 2026; por el otro, la llamada ley de Inocencia Fiscal, pensada para incentivar la repatriación de dólares en manos de los argentinos. Sin embargo, los tiempos juegan en contra. En el oficialismo ya admiten que las reformas laboral y penal, aunque integren el temario desde el inicio, recién podrán debatirse hacia mediados de enero o incluso febrero.

El tablero de las comisiones, pieza central en Diputados

El reparto de lugares en las comisiones será decisivo para el futuro inmediato de la agenda del Gobierno. Por eso, LLA pretende asegurar posiciones en dos áreas estratégicas: Legislación Penal —que podría seguir bajo la conducción de Laura Rodríguez Machado y Presupuesto, actualmente manejada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch tras la salida de José Luis Espert.

Pero lo que realmente está en discusión es la distribución de bancas para cada fuerza parlamentaria. Ese es el punto donde aparece el nombre que concentra todas las tensiones: Martín Menem, ratificado nuevamente como presidente de la Cámara. Con esa ratificación también recibió —otra vez— la facultad para definir la integración de las comisiones, un poder que el reglamento sólo otorga si así lo vota el pleno.

La oposición estuvo a punto de impedir este aval. Según reconstruyeron legisladores presentes en la negociación, Unión por la Patria, sectores federales y representantes de varios bloques minoritarios tenían acordado no cederle la potestad a Menem. Incluso hubo una reunión entre las 19 y las 22 del día previo en la que participaron jefes de bloque del peronismo, Provincias Unidas, el PRO, la UCR y el MID.

El malestar acumulado era generalizado: comisiones paralizadas, compromisos incumplidos y movimientos internos que, según la oposición, habrían fragmentado bloques a conveniencia del oficialismo.

Un acuerdo que se cayó a último momento

El operativo opositor amenazaba con prosperar, pero el clima cambió sobre el cierre. Funcionarios del Ministerio del Interior —encabezados por Diego Santilli— intensificaron contactos y conversaciones. Al llegar a la votación, Unión por la Patria sólo mantenía el respaldo firme de Provincias Unidas. El resto se retiró del acuerdo.

“Ahora que no se quejen. Menem va a armar las comisiones como quiera porque se lo permitieron”, se lamentó un diputado peronista al dejar el recinto.

Un reglamento ambiguo que alimenta la puja

El origen de gran parte del conflicto está en la interpretación del artículo 105 del reglamento de la Cámara. La norma exige representación proporcional de los “sectores políticos”, pero no aclara si debe tomarse como referencia la cantidad de bloques, interbloques o bancas individuales. Ese vacío permite lecturas dispares y abre la puerta a negociaciones caso por caso.

En LLA ya circulan primeros borradores de cómo quedaría la composición de las comisiones más grandes, como las de 31 miembros: 12 lugares para La Libertad Avanza, 12 para Unión por la Patria, tres para la tercera fuerza y dos para los siguientes espacios. Pero ese cálculo se encuentra trabado por otra discusión: ¿quién ocupa realmente el tercer lugar en el nuevo mapa legislativo?

La pregunta se volvió central luego de que el PRO y la UCR acordaran presentarse como un interbloque de 22 integrantes, buscando igualar en volumen a Provincias Unidas, que también unificó su fuerza con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto y la Coalición Cívica.

La disputa por las comisiones suele ser un proceso de bajo perfil para la opinión pública, pero en este caso es el punto de partida del camino legislativo que el Gobierno necesita para avanzar con reformas estructurales.

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