Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Los F-16 llegan para mejorar la capacidad Argentina y la defensa del espacio aéreo. (Foto: MinDef).

La llegada de los aviones F-16 Fighting Falcon que Argentina compró a Dinamarca se producirá el próximo 5 de diciembre. Ese día, en Río Cuarto (Córdoba) el país recuperará la capacidad de defensa supersónica tras décadas de ausencia, aunque seguirá sin posibilidad de ejercer control total del espacio aéreo por la falta de una ley de Derribo.

En ese sentido, el arribo de las primeras seis unidades de los promocionados aviones de fabricación estadounidense representará un hito en la gestión en Defensa para la administración libertaria. Se trata de una compra importante para reducir el deterioro de las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero que por sí sola no va a solucionar el descontrol que se vive en el cielo argentino, especialmente en la frontera norte.

Un testimonio de ello fue el reciente reclamo del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien apuntó a la necesidad de acelerar el marco legal para un mejor control de la frontera aérea ante la amenaza narco. Con vuelos ilegales registrados a diario, las autoridades salteñas aseguraron que la mayor parte de los cargamentos de droga que ingresan al país por esa zona lo hacen por aire.

El destino de los vuelos son aeródromos ilegales enclavados en distintos puntos del interior, donde comienza la cadena comercial del narcotráfico.

Los F-16 que llegarán a Argentina para mejorar la defensa del espacio aéreo.

Argentina sin derribo

“Soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestra frontera. Pero no alcanza, no es suficiente. Tenemos más de setecientos kilómetros de frontera y es necesario. Y por eso les pido a los legisladores nacionales, ya lo he hecho en otras oportunidades, que se trate la ley de derribo y radarización de toda la frontera”, había reclamado semanas atrás el gobernador salteño.

El señalamiento llegó luego de que una avioneta se estrellase en Rosario de la Frontera, al sur de Salta. El avión, que no registraba ocupantes (se dieron a la fuga) tenía en su interior más de 300 kilos de cocaína provenientes del exterior.

El caso despertó nuevamente el reclamo de las provincias fronterizas, cuyas fuerzas no tienen posibilidades de accionar más allá de la vigilancia. Tampoco lo pueden hacer las fuerzas nacionales y mucho menos las Fuerzas Armadas, que están desprovistas del marco legal necesario.

El proyecto de ley de Derribo permitiría a las fuerzas de seguridad o al Estado Mayor Conjunto a accionar operativos para neutralizar los vuelos de carácter ilegal en el espacio aéreo argentino. Esto contemplaría incluso el derribo de aeronaves en caso de un agotamiento del protocolo y falta de respuesta, algo que ya se practica en países de la región como Brasil.

Si bien la utilización de aviones como los F-16 no tendrían ese destino por exceso de capacidad, su llegada podría implicar un punto de partida en ese rumbo.

Siguen entrando avionetas narco a Argentina.

Dos casos vecinos

El caso de Brasil es uno de los paradigmas regionales en la materia. Ese país cuenta con una ley de Derribo desde el año 2004, cuando se sancionó la norma que permite eliminar vuelos que penetren espacio aéreo brasileño sin autorización y tras el cumplimiento de un protocolo de contacto extenso.

La aplicación de esa norma está a cargo de la Fuerza Aérea de Brasil y contempla varias excepciones. Entre ellas, no se pueden derribar aviones con menores a bordo y tampoco se pueden atacar aeronaves militares extranjeras.

En ese sentido, Brasil es uno de los países más activos en la intercepción de aeronaves ilegales. Lo ejecuta con sus aeronaves A-29 Super Tucano, avión de ataque ligero y entrenamiento fabricado por Embraer y comparable con el IA-63 Pampa Block III de diseño nacional.

Otro caso a destacar es el de Uruguay, país que sancionó una ley de Derribo en 2020 pero que ingresó en un conflicto directo con Estados Unidos. El país norteamericano consideró que la nueva norma uruguaya infringía acuerdos aeronáuticos como el Protocolo de Montreal.

Esto generó tensiones entre ambos gobiernos y un bloqueo virtual a las fuerzas uruguayas para el acceso a material bélico de fabricación estadounidense. Una presión que este año provocó una revisión integral de la normativa.

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