En diálogo con Urgente24, expertos opinaron sobre la baja de la edad de imputabilidad y destacaron la educación y la familia para prevenir el delito juvenil.
Baja de la edad de imputabilidad: Enfoque entre justicia y prevención.
Foto: NA 20/02/2026 Actualmente la baja de la edad de imputabilidad en Argentina volvió al centro del debate político y social. La discusión en torno desde cuándo los menores pueden ser responsabilizados penalmente por delitos graves, lo que genera posiciones encontradas y desde Urgente24 consultamos a especialistas para analizar los desafíos y perspectivas de esta histórica reforma.
El diputado Oscar Zago, quien votó a favor de, sostuvo que se trata de una medida necesaria que se discute desde hace décadas y que busca alinearse con estándares internacionales. “Hace 30 años que se debate en el Congreso la baja de imputabilidad y nunca tuvo éxito”, afirmó. No obstante, subrayó que la prevención no pasa únicamente por el endurecimiento de las penas: “Hay que apostar mucho más a la educación, a la cultura y a la familia”.
Por su parte, el jurista Emilio García Méndez consideró que la aprobación del proyecto representa “un avance importante”, ya que permite derogar el Régimen Penal de la Minoridad, establecido durante la última dictadura militar bajo la firma de Jorge Rafael Videla. Señaló además que la iniciativa se basa en datos empíricos, aunque advirtió sobre la “extraordinaria fragilidad y opacidad” de la información oficial respecto de menores privados de libertad en territorio argentino, especialmente en el caso de los inimputables.
El especialista en derechos de la infancia remarcó que los efectos en materia de reincidencia y estigmatización dependerán de la seriedad en la implementación y del presupuesto asignado. Asimismo, descartó riesgos de inconstitucionalidad al considerar que el proyecto se encuentra alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los regímenes de responsabilidad penal juvenil vigentes en América Latina.
En contra punto Andrés Harfuch, defensor general del Departamento Judicial de San Martín, expresó fuertes críticas a la iniciativa y sostuvo que podría implicar “un retroceso” en materia de derechos. Según su criterio, la reforma es “incompatible con el principio convencional de no regresividad” y no garantiza mejoras concretas en la prevención del delito juvenil.
A su vez, el jurista advirtió que ya existe “una total falta de cupos para el alojamiento de jóvenes no punibles”, incluso sin la nueva ley en vigencia. También señaló la ausencia de programas de seguimiento para los jóvenes y sus familias, lo que debilita cualquier política de contención.
En el plano judicial, el magistrado anticipó que la reforma podría generar un mayor volumen de causas en un sistema que ya opera con recursos limitados y con cargos vacantes sin cubrir.
Además, alertó sobre una mayor presión sobre el sistema penitenciario, recordando que muchos jóvenes, al cumplir 18 años, son trasladados a cárceles comunes por falta de institutos especializados. “Sin presupuesto para prevención y reinserción, lo único que va a traer esta ley es más castigo”, concluyó.
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