Imputabilidad: El Gobierno da marcha atrás con los 13 años y acuerda fijarla en 14

El Gobierno cedió y la edad de imputabilidad quedará en 14 años.

El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a moverse en el Congreso, pero con un giro clave: el oficialismo decidió retirar el proyecto que fijaba el piso en los 13 años y avanzar con una nueva iniciativa que establece la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14.

El cambio responde a un acuerdo político con bloques aliados y busca destrabar el tratamiento legislativo de una reforma que lleva años empantanada.

Edad de imputabilidad: esta vez sale

La Libertad Avanza había enviado semanas atrás un texto que proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, esa redacción no contaba con el respaldo necesario para prosperar en la Cámara de Diputados. El consenso previo con fuerzas aliadas —plasmado en borradores y dictámenes anteriores— ubicaba el límite en los 14 años, una diferencia que terminó siendo determinante para recalibrar la estrategia parlamentaria.

Según fuentes legislativas, el nuevo proyecto será presentado una vez que quede formalmente integrada la Comisión de Justicia, que ahora preside el diputado Álvaro Martínez, del oficialismo. La intención del Gobierno es llevar el tema al recinto en una sesión el jueves 12 y acelerar su discusión, evitando nuevos traspiés políticos.

El Gobierno también detalló el presupuesto

Más allá del cambio en la edad, la nueva iniciativa incorpora una modificación relevante respecto de versiones anteriores: la asignación explícita de partidas presupuestarias para garantizar la aplicación efectiva de la ley. En concreto, se prevé financiamiento tanto para la Defensoría General de la Nación como para el Ministerio de Justicia, organismos clave en la implementación del régimen penal juvenil.

El proyecto retirado contemplaba un presupuesto superior a los 23 mil millones de pesos. De ese total, más de 20 mil millones estaban destinados a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia. La inclusión de estos fondos busca responder a uno de los principales cuestionamientos que había recibido el dictamen previo: la falta de previsión realista sobre los recursos necesarios para poner en marcha el sistema.

En contraste, el texto que había obtenido dictamen en 2025 establecía que los gastos derivados de la ley se cubrirían con las partidas que se incluyeran en los presupuestos de cada ejercicio, dejando en manos del jefe de Gabinete la reasignación de fondos una vez sancionada la norma. Esa formulación fue señalada por distintos bloques como insuficiente y poco precisa.

Desde el oficialismo explicaron que el retiro del proyecto original obedeció a cuestiones administrativas y aclararon que sigue vigente el dictamen aprobado en 2024, al que ahora se le sumarían las partidas presupuestarias detalladas en la nueva redacción. En la práctica, se trata de una estrategia para conservar el trabajo legislativo previo y, al mismo tiempo, corregir los puntos que dificultaban su avance.

La decisión de aceptar el piso de 14 años también apunta a reducir tensiones con sectores aliados y a ordenar el debate en el recinto. Si bien dentro del oficialismo existen posturas más duras en materia penal, el Gobierno optó por priorizar el acuerdo político para evitar que la discusión vuelva a quedar trabada.

Con este movimiento, la Casa Rosada apuesta a reactivar una discusión sensible, que cruza seguridad, justicia y política criminal, y que promete volver a generar fuertes cruces en el Congreso. El desenlace dependerá ahora de si el nuevo texto logra sostener el equilibrio entre el consenso parlamentario y la línea discursiva que el Gobierno viene impulsando en materia de seguridad.