Casi 2 días después del estallido de un escándalo por la filtración de un video que mostraba a un detenido de Gaza maltratado por guardias israelíes, la máxima responsable jurídica de Israel anunció su dimisión el viernes 31/10 en medio de la escalada del caso. La abogada militar general, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, presentó su renuncia al jefe del Estado Mayor de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), Eyal Zamir, entregándole una carta que había preparado la noche anterior. Su partida parecía inevitable ante el inmenso daño infligido al Cuerpo de Abogados Generales Militares y, posiblemente, al aparato policial israelí en general.
CUANDO EL ESTADO SE VUELVE ILEGAL
El Ejército de Israel maltrata detenidos: Renunció la abogada militar que filtró imágenes
La principal abogada militar de Israel renunció por su presunta participación en la filtración de imágenes de maltratos a detenidos.
01 de noviembre de 2025 - 08:10
La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi en el cuartel general de las FDI en Tel Aviv.
La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, máxima responsable de la justicia militar, supervisó los casos de presuntos abusos cometidos por soldados israelíes durante la guerra de Gaza. Su renuncia fue efectiva de inmediato.
El ministro de Defensa, Israel Katz, nombrará a un sucesor de una lista de candidatos que elaborará Zamir, según indicaron ambos en un comunicado conjunto. Katz y Zamir afirmaron que su objetivo es encontrar a una persona “capaz de afrontar los importantes desafíos que actualmente enfrenta el Cuerpo de Abogados Generales Militares, principalmente la protección de los soldados de las FDI”, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel.
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Las imágenes del video ocurrieron en la instalación militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, a mediados de 2024.
10 soldados reservistas fueron detenidos inicialmente en relación con el incidente, que se conoció después de que los médicos que atendieron al detenido gravemente herido dieran la voz de alarma.
5 fueron puestos en libertad y el resto fue acusado en febrero de maltrato grave.
La acusación formal indicaba que el detenido, que estaba esposado y con los ojos vendados, fue golpeado y apuñalado con un objeto punzante cerca del recto, lo que le provocó lesiones graves.
El caso conmocionó a la sociedad israelí.
Los israelitas de extrema derecha que defienden la ocupación total de Palestina exigieron no investigar a soldados en tiempos de guerra. Las imágenes desacomodaron a la extrema derecha israelí en lo doméstico y en el exterior. Ellos son decisivos en la coalición gobernante del 1er. ministro Benjamín Netanyahu, y le reclamaron que se retiraran los cargos.
Israel Katz.
La renuncia
En su carta de renuncia, Tomer-Yerushalmi escribió que ella y sus oficiales habían sido objeto de "una campaña de deslegitimación impropia y falsa". Los oficiales del cuerpo, dijo, "han sido objeto de ataques personales, insultos severos y amenazas graves, todo porque buscamos defender el estado de derecho en las FDI".
Sin embargo, más adelante en la misma carta, ella asumió la responsabilidad de haber autorizado la filtración a Canal 12 de un vídeo del centro de detención de Sde Teiman que mostraba el abuso de un detenido palestino de Gaza.
"Autoricé la divulgación de material a los medios de comunicación con el fin de desmentir la propaganda falsa contra los cuerpos de seguridad del ejército", escribió. "Asumo toda la responsabilidad… y es por esta responsabilidad que he decidido poner fin a mi mandato".
Cabe destacar que en su carta no hizo mención alguna de la acusación más grave que ahora se investiga penalmente: que altos cargos de la fiscalía militar intentaron ocultar la fuente de la filtración y que, en el proceso, podrían haber engañado a los magistrados del Tribunal Supremo.
Otro desastre de las FDI
Tomer-Yerushalmi se vio obligada a tomar una licencia el miércoles 29/10, poco después de que surgieran las nuevas pruebas. Desde ese momento, quedó claro que sus días en el cargo estaban contados.
Una nueva investigación policial indica que varios fiscales militares de alto rango estaban al tanto de cómo se filtró el material audiovisual. Algunos son sospechosos de haber obstruido la investigación interna inicial y de haber engañado al Tribunal Supremo sobre el origen de la filtración.
El escándalo podría desencadenar una oleada de suspensiones y dimisiones dentro de la jerarquía jurídica militar.
La investigación de las FDI sobre la filtración del video de Sde Teiman podría entorpecer la investigación de abusos, según fuentes legales, afirma Chen Maanit.
La investigación se inició después de que una fiscal militar se sometiera a una prueba de polígrafo del Shin Bet, previa a su nombramiento judicial. Las dudas surgidas durante el examen llevaron a descubrir su vinculación con la filtración.
En una medida extraordinaria, el recién nombrado jefe del Shin Bet, David Zini, intervino. Informó al jefe del Estado Mayor de las FDI, quien a su vez consultó con la fiscal general Gali Baharav-Miara. Esta ordenó entonces a la policía que abriera una investigación penal.
Los primeros hallazgos revelaron que la filtración al reportero del Canal 12, Guy Peleg, no fue accidental, sino más bien una decisión orquestada por altos oficiales en la fiscalía militar.
En una maniobra que parece particularmente peculiar, los preparativos para la entrega de las grabaciones se discutieron, según se informa, en un grupo de WhatsApp de unos diez oficiales, entre ellos ayudantes del Fiscal General Militar y portavoces.
El entonces jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzl Halevi, y el ex portavoz de las FDI, el general de brigada Daniel Hagari, han negado cualquier implicación, pero el medio de comunicación de derecha Canal 14 ha utilizado el asunto para impulsar una campaña política, citando a "altos oficiales militares" que piden una investigación penal contra ambos hombres.
El asunto se complicó aún más tras la publicación del vídeo, cuando los abogados defensores de los reservistas que aparecían en él acusaron a la fiscalía de manipular las imágenes mediante la fusión de fragmentos de dos cámaras. La fiscalía negó rotundamente la acusación de que el vídeo hubiera sido alterado, pero sus respuestas ambiguas sobre la filtración en sí misma avivaron las sospechas.
Desde entonces, legisladores y medios de comunicación de derecha han acusado a la fiscalía militar de fabricar casos contra guardias reservistas de prisiones, presentando la filtración como parte de esa supuesta campaña. Varias peticiones sobre el asunto han llegado al Tribunal Superior de Justicia.
La investigación
Internamente, los altos fiscales insistieron en que desconocían el origen de la filtración. Se asignó una revisión preliminar al subprocurador general militar, quien informó —junto con la Fiscalía del Estado— que la investigación se había agotado sin identificar a los responsables de la filtración. En realidad, Tomer-Yerushalmi y otros altos mandos, según se informa, sabían perfectamente lo que había ocurrido.
El septiembre, en respuesta a una petición presentada ante el Tribunal Superior por una organización de familiares de las víctimas que exigía una investigación penal por parte del Shin Bet sobre la filtración, el Estado argumentó que la revisión interna había sido "exhaustiva" pero no había arrojado resultados, y que "no había fundamento para una investigación penal adicional". Esa respuesta ahora parece, en el mejor de los casos, engañosa.
Las nuevas pruebas apuntan a la implicación generalizada de altos cargos jurídicos tanto en la filtración como en su presunto encubrimiento. Es probable que gran parte de la cúpula de la fiscalía militar sea sustituida mediante dimisiones, suspensiones o destituciones. Incluso podrían presentarse cargos penales contra algunos de ellos.
El ministro de Defensa difunde mentiras
El viernes, el ministro de Defensa, Israel Katz, marcó el ritmo político de la crisis, mostrándose decidido a sacar el máximo provecho político del escándalo.
Incluso antes de que el jefe de las FDI se reuniera con Tomer-Yerushalmi, Katz tuiteó que ella "no regresaría a su puesto". Tras anunciarse su dimisión, añadió: "Quien difame a los soldados de las FDI no es digno de vestir el uniforme militar. Quienes optaron por ponerse del lado del enemigo en lugar de proteger a los soldados de las FDI deberán rendir cuentas".
En realidad, es el propio Katz quien ha estado difundiendo falsedades. Más allá de sus temerarias amenazas contra gobiernos y organizaciones extranjeras, su afirmación de que un general de división fabricó una acusación de difamación contra soldados carece de fundamento. Las acusaciones presentadas contra los reservistas se basaron en pruebas sólidas —incluido el propio vídeo que fue el centro del escándalo— y reflejaron un criterio profesional.
En todo caso, los críticos argumentan que Tomer-Yerushalmi y su equipo mostraron muy poca determinación durante la guerra para investigar sospechas adicionales de crímenes de guerra y abusos en centros de detención y en Gaza.
La mala gestión del caso Sde Teiman por parte de la fiscalía militar no solo socava el estado de derecho en el estamento de defensa israelí, sino que también crea nuevos obstáculos para futuras investigaciones sobre posibles faltas de conducta de soldados y oficiales en el terreno.
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