Javier Milei vs Paolo Rocca: la guerra por los tubos caros suma posiciones

Javier Milei volvvió a atacar a Paolo Rocca en plena apertura de sesiones 2026.

La disputa entre el Gobierno y el principal holding industrial del país sumó un nuevo capítulo tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias. El presidente Javier Milei volvió a llamar “don Chatarrín” al empresario Paolo Rocca, director de Techint, en pleno recinto, y cuestionó el costo de los tubos nacionales para un gasoducto en Vaca Muerta.

Los datos de la discordia

Según el análisis de la Fundación Encuentro, el presidente Milei comparó los valores pagados en 2022 por los tubos del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) —que ubicó en US$ 4.000 por tonelada— con los US$ 1.400 por tonelada que, según afirmó, demandaría un proyecto privado impulsado por Southern Energy.

El mensaje era evidentemente para el grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca, proveedor clave de tubos para obras energéticas. La comparación buscó reforzar la narrativa oficial contra la obra pública y contra lo que el Presidente denomina “capitalismo de amigos” o “empresaurios que cazan en un zoológico”. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar desde el plano técnico y político.

La comparación de Javier Milei fue imprecisa para Fundación Encuentro

La Fundación Encuentro difundió el informe “La Falacia del Enfrentamiento”, donde acusa al Gobierno de construir una comparación “metodológicamente inválida”. Según el documento, el costo real de los tubos del GPNK rondó los US$ 3.000 por tonelada, no US$ 4.000, lo que implicaría una sobreestimación del 33%.

Pero además advierte que el valor de US$ 1.400 del proyecto privado actual tampoco sería comparable en iguales condiciones de mercado, logística e impuestos.

El punto central es el contexto internacional. El gasoducto estatal se licitó en 2022, en pleno pico de precios globales del acero tras la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces, el precio internacional cayó alrededor de 35%. Comparar valores de 2022 con precios de 2025 sin ajustar por ese shock externo distorsiona cualquier análisis de eficiencia, sostiene el informe.

También entra en juego la estructura fiscal. El proyecto privado se encuadra bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga exenciones impositivas por hasta 30 años. El GPNK, en cambio, tributó la totalidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Para la Fundación, equiparar un costo con beneficios fiscales extraordinarios con otro que soportó la carga tributaria completa constituye una comparación asimétrica.

Aun aplicando ajustes por contexto macroeconómico, caída del acero y condiciones regulatorias equivalentes, la brecha se reduciría a unos US$ 230 por tonelada (14%), una diferencia que podría explicarse por economías de escala o condiciones logísticas, no necesariamente por ineficiencia o corrupción.

El análisis muestra una brecha de US$230 por tonelada, 14%. Fuente: Fundación Encuentro.

Superávit energético y el ahorro en importaciones generado por GPNK

La discusión adquiere mayor dimensión política cuando se la cruza con los resultados energéticos recientes. El propio Gobierno celebró el superávit energético de 2024 —US$ 5.668 millones, el más alto en 18 años— y la fuerte reducción de importaciones de gas natural licuado. Sin embargo, el transporte del gas de Vaca Muerta hacia los centros de consumo fue posible gracias al GPNK, infraestructura pública cuyo costo total se estima entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones.

Entre julio de 2023 y julio de 2024, el ahorro en importaciones habría alcanzado US$ 3.600 millones, lo que implica que la obra se “pagó sola” en menos de un año de operación. La proyección de ahorro acumulado hasta 2026 asciende a US$ 24.000 millones, analizó Fundación Encuentro.

Allí radica la pregunta que sobrevuela la disputa entre Milei y Rocca: más allá del debate ideológico sobre obra pública versus iniciativa privada, ¿qué destino tuvieron los miles de millones generados por el superávit energético? ¿Se aplicaron a reducir deuda, reforzar reservas o financiar gasto social?

La confrontación expone algo más profundo que una diferencia de costos por tonelada. Se trata de un choque de modelos: apertura irrestricta y cuestionamiento a la industria protegida, frente a una defensa del rol estratégico de la infraestructura pública en la competitividad sistémica.

En esa tensión, el acero es apenas la superficie de un debate estructural sobre desarrollo y uso de recursos en Argentina.