El Gobierno avanza para cambiar el trabajo en las cárceles y evitar aguinaldo y vacaciones a presos

La iniciativa se apoya en un punto incorporado en la reciente ley de modernización laboral aprobada por el Congreso. Allí se estableció que “las disposiciones de esta ley no serán aplicables a las personas privadas de libertad en contexto de encierro”, una aclaración que busca cerrar interpretaciones judiciales que, hasta ahora, obligaban al Estado a reconocer derechos laborales similares a los de cualquier trabajador.

El origen del conflicto judicial

Desde hace años, el trabajo intramuros generó una discusión jurídica y política. Diversos fallos sostuvieron que los internos debían recibir un trato equiparable al empleo libre cuando realizan tareas productivas dentro del sistema penitenciario.

Uno de los antecedentes centrales fue una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal en 2014. Allí se estableció que el trabajo de los detenidos debía regirse por la “regla de asimilación al trabajo libre”, incluyendo remuneración, cobertura frente a accidentes y otros beneficios. Incluso el fallo señaló:

“Para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares —entre otros— el derecho a la remuneración”.

Con ese criterio, el Servicio Penitenciario Federal comenzó a liquidar pagos tomando como referencia el salario mínimo. A partir de entonces, los internos que cumplían tareas podían percibir ingresos bajo parámetros cercanos al empleo formal.

Pagos por jornadas completas

La situación se profundizó tras otro fallo judicial que reconoció el derecho de un grupo de detenidas a cobrar jornadas completas aun cuando no trabajaran todas las horas disponibles. El argumento fue que debían percibir el salario mientras estuvieran a disposición del sistema.

Desde el actual Gobierno sostienen que esa interpretación distorsionó el sentido del trabajo penitenciario. Una fuente oficial explicó:

“A los que trabajaban tres horas porque no había más trabajo para hacer, estábamos obligados por la Justicia a pagarles las ocho horas completas”.

Qué busca cambiar el Gobierno

La administración nacional pretende redefinir el marco legal para diferenciar el trabajo carcelario del empleo privado. La idea es mantener una remuneración, pero desligarla de los beneficios laborales tradicionales.

Según explicaron al periodista Ignacio Ortelli especialistas en el área de Seguridad, el objetivo es sostener la función resocializadora sin equiparar la situación del detenido con la de un trabajador en libertad.

“Estamos trabajando en una nueva reglamentación para que el trabajo en las cárceles siga teniendo una contraprestación digna y cumpliendo con estándares internacionales, sin perder de vista que se trata de personas que están detenidas porque cometieron un delito”.

En ese marco, también se derogaron artículos de la Ley de Ejecución de la Pena que vinculaban directamente la actividad de los internos con la legislación laboral común.

El debate político

El tema divide opiniones desde hace años. Sectores vinculados a derechos humanos sostienen que el trabajo debe respetar estándares laborales básicos, mientras que el oficialismo considera que la equiparación generó privilegios y costos que desnaturalizan la finalidad penitenciaria.

Para la Casa Rosada, el nuevo esquema busca resolver un problema legal que se consolidó por decisiones judiciales previas. La intención es evitar nuevos reclamos por aguinaldo, vacaciones o indemnizaciones y establecer un régimen específico para el sistema penitenciario.

Si la reglamentación avanza, cambiaría de manera significativa el funcionamiento laboral dentro de las cárceles federales y abriría una nueva discusión jurídica sobre el alcance de los derechos laborales en contexto de encierro.

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