Claudia Sheinbaum quiere poner aranceles a China aunque crece el descontento interno

El ambicioso plan de la presidenta Claudia Sheinbaum para imponer aranceles elevados a las importaciones procedentes de China se retrasó al menos hasta diciembre, en medio de la creciente oposición del sector privado mexicano y de divisiones dentro de su propio partido, Morena.

La iniciativa, presentada como una estrategia para proteger la industria nacional frente a la “competencia desleal” asiática, enfrenta obstáculos técnicos, diplomáticos y legislativos que amenazan con postergar su aprobación hasta 2026.

La dependencia de México de las importaciones chinas

Según legisladores y líderes empresariales, el debate en el Congreso se encuentra prácticamente paralizado. Los fabricantes mexicanos advierten que los aranceles —que afectarían a más de 1.400 categorías de productos como automóviles, acero, maquinaria, autopartes, juguetes y muebles— encarecerían significativamente los costos de producción.

La industria depende en gran medida de los insumos y componentes chinos, por lo que un incremento de entre 10% y 50% en los gravámenes podría reducir la competitividad de las empresas locales en un momento de presión inflacionaria.

Un representante del sector manufacturero que participa en las negociaciones con el gobierno señaló a Bloomberg:

Los aranceles afectarían directamente a las cadenas de suministro y a la productividad, justo cuando enfrentamos aumentos en los precios de los insumos. Los aranceles afectarían directamente a las cadenas de suministro y a la productividad, justo cuando enfrentamos aumentos en los precios de los insumos.

La disputa en el Congreso mexicano

En el Congreso, varios legisladores de Morena han manifestado reservas. Aunque existe consenso en torno a fortalecer la industria mexicana y consolidar los lazos con Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC en 2026, algunos advierten sobre los riesgos de desatar una disputa comercial con China, uno de los principales socios comerciales del país.

El diputado Fernando Castro Trenti, miembro de la comisión de finanzas, sostuvo que el objetivo del plan no es “cerrar puertas, sino reequilibrar las relaciones comerciales y garantizar condiciones justas”. Sin embargo, reconoció que las conversaciones técnicas están estancadas.

El ministro de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la iniciativa al afirmar que la entrada masiva de productos chinos de bajo costo “ha erosionado la competitividad de los productores nacionales”. No obstante, los ministerios de Hacienda y Economía discrepan sobre qué sectores deberían incluirse, lo que complica las discusiones con la iniciativa privada.

Marcelo Ebrard, ministro de economía de México.

La respuesta de China

Desde Beijing, la reacción no se hizo esperar. El Ministerio de Comercio de China advirtió que la imposición unilateral de aranceles “perjudicaría los intereses de China y socavaría la confianza de los inversores en México”. La respuesta diplomática elevó la tensión entre ambos países, justo cuando el gobierno mexicano mantiene un delicado equilibrio en sus relaciones con Washington y Beijing tras la última cumbre de APEC, donde Ebrard sostuvo encuentros con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

Aunque Morena conserva la mayoría en ambas cámaras, la agenda legislativa prioriza las reformas en materia de agua y salud, dejando la política arancelaria en segundo plano. El senador Waldo Fernández, presidente del comité del T-MEC, insistió en que “el debate debe resolverse este año” para evitar que la medida se diluya.

Mientras tanto, el plan —originalmente incluido en el presupuesto 2026 y luego separado para permitir más consultas— podría reanudarse en febrero si no se alcanza un consenso antes del 15 de diciembre, cuando concluye el actual periodo legislativo.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar se mostró optimista sobre una posible aprobación antes de fin de año, aunque reconoció que persisten preocupaciones sobre el impacto inflacionario.

Con tensiones diplomáticas, divisiones internas y presiones del sector privado, el plan arancelario de Sheinbaum se convirtió en una prueba temprana de su capacidad para equilibrar la protección industrial con la estabilidad económica y política del país.