El Jefe del Ejército y al mismo tiempo el ministro de Defensa de la Nación, Teniente General Carlos Presti, y el presidente Javier Milei dejaron a la “valiente muchachada de la Armada” prácticamente sin trabajo tras crear el llamado “ Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”.
¿MERO CAMBIO DE "CAJA"?
Milei desarma la Marina para darle poder a Prefectura Naval (de Bullrich)
La Armada, por un decreto de Federico Sturzenneger y Milei, se queda sin funciones. Asume casi todo el trabajo Prefectura, fuerza federal preferida de Patricia.
12 de abril de 2026 - 14:08
Patricia Bullrich y Javier Milei
Junto al ministro de Desregulación modificaron todos las normativas existentes para una actividad tan estratégica para el comercio y la defensa nacional.
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También, la que le puede traer a Bullrich más dolores de cabeza en el corto plazo y afectar su voraz apetito de poder.
“Salí de ahí… Maravilla”
La ex ministra de Seguridad llegó al ridículo de utilizar una fuerza creada con el objetivo de patrullar las aguas para reprimir jubilados frente al Congreso de la Nación.
Los efectivos de Prefectura, demostrando una enorme incompetencia para el control de las calles de una ciudad, llegaron a “gasear” menores de edad en cercanías del parlamento.
Luego, Patricia fue más allá y desplegó un puesto de la fuerza federal en una laguna cordobesa (Embalse Río Tercero).
La situación fue tan irregular que mereció la burla de una socióloga experta en la lucha contra el narcotráfico: Laura Etcharren.
¿Qué sumó la mencionada Etcharren?
Pan para hoy… ¿Hambre para mañana?
Los manejos históricos de Bullrich con la Prefectura han terminado muchas veces de la peor manera.
La Oficina Anticorrupción denunció a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri por sobreprecios en la compra de 4 lanchas a Israel para patrullar la hidrovía.
Durante el primer año de la gestión de Cambiemos, 2016, su ministerio pagó US$ 50 millones a un astillero israelí por embarcaciones de patrullaje.
La OA detectó que Bullrich burló procedimientos legales para contratar a un proveedor previamente seleccionado y pagó US$ 29 millones más de lo que debió pagar.
La Oficina Anticorrupción denunció a Bullrich, al secretario que elaboró el expediente con el que se pretendió justificar la adjudicación, Alberto Fernando Föhrig, y al ex jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, por incumplimiento de deberes de funcionarios público, negociaciones incompatibles con la función pública y posible defraudación a la administración pública.
Se trató de la adquisición de 4 lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd. y se incumplieron las normas de compras y contrataciones que disponen como principio general (decreto 1023/01) la licitación pública y el envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores.
Para burlar ese procedimiento se invocó un decreto (228/16) del primer mes de gestión de Macri que declaró la “emergencia en seguridad pública” y habilitó la posibilidad de contratación directa.
La sumatoria de irregularidades observadas en el expediente indicaron, para la OA, que ese trámite “no resultó más que una ficción para intentar justificar la adjudicación al astillero” israelí decidida de antemano.
El análisis del proceso de compra no fue menos irregular. No hay constancias de ningún llamado a cámara o agrupación de proveedores del rubro en cuestión. Apenas se mencionó la consulta a “determinados astilleros”, y la única constancia de oferta es la formulada por la compañía que se quedaría con el negocio.
Concretamente, Bullrich omitió pedir y consignar otras ofertas o explorar más opciones.
El 2017, la República Federal de Nigeria le compró al mismo astillero israelí 3 lanchas Shaldag, más modernas que las que compraría Bullrich, a US$ 6,33 millones cada una. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri, en la misma época, pagó US$ 12,25 millones cada una, prácticamente el doble.
“La abultada diferencia habilita a presumir que el costo de las lanchas adquiridas por el Estado Nacional podría haber sido indebidamente sobrevaluado” denunció la OA.
Matar pajaritos con cañones
Las lanchas de Prefectura y Bullrich están artilladas con un cañón de 25mm lo que resulta un enorme riesgo de daños colaterales para poblaciones ribereñas en aguas como las del río Paraná o el río Uruguay.
Con los casi US$ 50 millones que se pagaron por las Shaldag, se podrían haber adquirido 24 lanchas blindadas a Colombia, de las cuales por lo menos 20 se podían haber construido en Argentina.
En más de una ocasión apareció como intermediario Mario Montoto, el dueño de la empresa Codesur y ex compañero de “militancia” de Bullrich en los años 70.
Se trata de una firma dedicada a la provisión de equipamiento para las fuerzas policiales, logística en seguridad y desarrollos tecnológicos para esa área.
El ex Montoneros tiene entre sus grandes socios comerciales a Israel y además es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.
Montoto y Bullrich visitaron Israel y compartieron conferencias de prensa.
No más preguntas.
Lo que viene, lo que viene
La compra de 4 buques guardacostas durante la gestión de Javier Milei al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción, va rumbo a un nuevo escándalo libertario.
La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad volvió a quedar envuelta en una posible maniobra de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de esas embarcaciones.
La operación, que supera los US$ 325 millones, ha sido señalada como “licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios”, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina.
La compra de estos 4 Offshore Patrol Vessel fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre.
A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad de Patricia avanzó con la adjudicación a Naval Group.
En nuestro país, el Astillero Rio Santiago, ubicado en la localidad de Ensenada, viene presentando diversos proyectos de buques similares de diseño y producción nacional que además de tener un costo inferior ocupan mano de obra y trabajo nacional con el consecuente ahorro de divisas.
La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil.
En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que multiplicó las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.
El ingeniero naval Raúl Podetti llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini: denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre US$ 20 y 30 millones por unidad.
Además, Podetti señaló que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto.
“No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió.
Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.
Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con 4 patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.
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