Urgente24 ha informado en varias ocasiones sobre las imputaciones al empresario Leandro Camani por las fotomultas bonaerenses. El hecho fue insólito porque incluyó una campaña mediática para forzar la renuncia de Jorge D'Onofrio, quien era ministro de Transporte provincial. Ahora Clarín, al difundir la denuncia de Guillermo Marijuan ante la jueza María Servini, sumó a Diego Kampel.
GUILLERMO MARIJUAN
Fotomultas de la corrupción: No sólo Leandro Camani, también Diego Kampel
El 'caso Fotomultas' llegó a Clarín con la denuncia de Guillermo Marijuan ante María Servini contra Leandro Camani y Diego Kampel. Ojo con Martín Marinucci.
11 de abril de 2026 - 21:59
Leandro Camani (centro) y quien era el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, a quien dinamitó por investigarlo.
El asunto es ventilado en la Justicia de PBA con sede en Pilar por las denuncias contra el referente de CC-ARI, Matías Yofe, y el propio Camani, denunciado por extorsión agravada por Claudio Tapia, presidente del CEAMSE (Cinturón Ecológico) y de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).
Dato no menor: el actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci -muy cercano a la senadora provincial por el Frente Renovador, Malena Galmarini- es mencionado por Marijuan.
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Veamos:
"(...) El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a empresarios, funcionarios y actores del ámbito académico de integrar un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de causas que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en una investigación que también analiza maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV.
Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.
Martín Marinucci
Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hasta del propio titular de del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, quien justamente sucedió a D’Onofrio en el cargp. Todos estarían implicados en la causa por gestionar las autorizaciones para instalar los radares a cambio de coimas.
Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras. El enfrentamiento escaló semanas después, cuando el propio Camani denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad.
En paralelo, la investigación de Marijuan avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), lo que permitía evitar licitaciones públicas.
A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.
La presentación judicial también menciona la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo, que habría sido destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.
El alcance del esquema no sería menor. Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de estos convenios, entre ellos La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate. Solo en uno de ellos, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año.
Ahora, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir las primeras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero.
El caso vuelve a poner en foco un sistema que mueve cifras millonarias y que, lejos de limitarse al control del tránsito, aparece cada vez más atravesado por disputas judiciales, denuncias cruzadas y una creciente pelea por el control del negocio."
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