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ESTRATEGIA VIOLETA

Milei busca capitalizar el envión político y pone fecha a la polémica Ley Hojarasca

Milei afina su estrategia legislativa y pidió acelerar los proyectos con mayor consenso en Diputados y Senado. Ley de Hojarasca ya tiene fecha.

Tras conseguir un triunfo clave con la reforma de la Ley de Glaciares, Javier Milei busca sostener el impulso político en el Congreso con una batería de proyectos que apuntan a profundizar su agenda de reformas. En ese marco, ya comenzó a delinear el calendario legislativo y puso fecha para uno de sus proyectos más emblemáticos: la denominada Ley Hojarasca.

Desde la Casa Rosada confirmaron que la mesa política se reunirá la próxima semana para terminar de definir la estrategia parlamentaria y ordenar las prioridades en Diputados y el Senado. El objetivo es claro: capitalizar el envión reciente y recuperar protagonismo tras semanas marcadas por la parálisis política y el impacto de investigaciones que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei quiere aprovechar la racha

El resultado favorable en la votación del miércoles fue celebrado puertas adentro del Gobierno como una señal de respaldo político. Ahora, la apuesta es transformar ese impulso en avances concretos en el Congreso.

Ley Hojarasca: el proyecto que busca eliminar normas “obsoletas”

El primer paso será el tratamiento de la Ley Hojarasca, un proyecto redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar alrededor de 70 leyes vigentes.

La iniciativa incluye desde disposiciones consideradas anacrónicas -como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo o la prohibición a funcionarios de aplicar castigos físicos- hasta medidas más sensibles, como la eliminación de aportes estatales a entidades como la Federación Argentina de Municipios.

Según el cronograma que maneja el oficialismo, el proyecto buscará dictamen el martes 21 de abril y se debatirá al día siguiente en la Cámara de Diputados.

Propiedad intelectual y compromisos internacionales

En la misma sesión, el Gobierno intentará avanzar con otro punto clave de su agenda: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un compromiso asumido en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos.

La iniciativa apunta a alinear a la Argentina con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual, en respuesta a reclamos históricos de empresas extranjeras, especialmente en sectores como el farmacéutico y el textil, afectados por la falsificación de productos en mercados informales.

Se trata de un proyecto con historia: obtuvo media sanción en el Senado en 1998, pero nunca fue tratado en Diputados. A diferencia de otras leyes, al tratarse de un convenio internacional, no pierde vigencia con el paso del tiempo.

El Senado, con agenda propia: propiedad privada y falsas denuncias

Mientras Diputados se enfoca en estas iniciativas, el Senado también tendrá protagonismo. Allí, el oficialismo impulsa la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de los ejes del Pacto de Mayo firmado por Javier Milei con gobernadores aliados.

El proyecto propone cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, modificaciones en la Ley de Tierras Rurales para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros, ajustes en la Ley de Manejo del Fuego y la delegación en provincias y municipios de la regularización de barrios populares del Renabap.

La iniciativa ya generó tensiones en el Congreso. Durante su exposición en comisión, Sturzenegger protagonizó cruces con legisladores de la oposición, especialmente del kirchnerismo.

En paralelo, se analiza avanzar con un proyecto de la senadora radical Carolina Losada que busca endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género o abuso sexual, llevándolas de 3 a 6 años de prisión. Desde el oficialismo reconocen que ambos proyectos podrían llegar al recinto a comienzos de mayo.

Lo que viene: salud mental y reformas estructurales

En la hoja de ruta del Ejecutivo también figura una reforma de la Ley de Salud Mental, impulsada por el Ministerio que encabeza Mario Lugones. La iniciativa apunta a modificar aspectos sensibles de la normativa vigente, como los criterios para internaciones involuntarias y el rol de los hospitales especializados.

Con este paquete inicial, el Gobierno busca consolidar las mayorías parlamentarias que logró construir con sectores aliados y mostrar dinamismo político en un año clave.

Sin embargo, aún quedan pendientes proyectos de alta complejidad que siguen bajo análisis, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la reforma electoral -que incluye la eliminación de las PASO- y la actualización del Código Penal.

También se mantienen en carpeta iniciativas vinculadas a seguridad nacional, reformas de los códigos Aduanero y Civil, y acuerdos internacionales estratégicos, entre ellos el tratado comercial con Estados Unidos y la adhesión a organismos internacionales.

Por ahora, la estrategia oficial es avanzar paso a paso, priorizando los proyectos con mayores chances de aprobación antes de abrir debates más conflictivos.

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