El Gobierno encendió la motosierra (otra vez) y avanza en la elaboración de un proyecto de ley para rediseñar el funcionamiento de distintos organismos públicos, con el objetivo de retomar parte de las reformas que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025.
PROYECTO
Milei vuelve a encender la "motosierra": Enviará al Congreso un plan para eliminar organismos del Estado
El gobierno de Milei intentará aprobar su plan motosierra en el Congreso, respecto de los organismos públicos. El proyecto ingresará en los próximos meses.
10 de abril de 2026 - 13:11
Milei y su motosierra. Símbolo del gobierno libertario.
La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos meses y forma parte de la estrategia oficial para profundizar el ajuste del gasto y la reorganización del Estado durante 2026.
Motosierra encendida y Sturzenegger feliz
El texto está siendo redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a sus equipos técnicos. Según fuentes oficiales, la propuesta apunta a recuperar por vía legislativa las eliminaciones, fusiones y transformaciones de entes públicos que no prosperaron el año pasado tras el rechazo del Parlamento.
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La iniciativa se inscribe dentro del plan de Javier Milei de avanzar con una nueva etapa de la denominada “motosierra”, el programa de recorte del gasto estatal que el Ejecutivo busca consolidar este año. En ese marco, desde el oficialismo anticipan que el proyecto no será una réplica exacta del decreto anterior, sino que podría ampliarse a más organismos.
“Va a ser una revisión integral”, aseguran en el entorno gubernamental, donde remarcan que la pérdida de las facultades delegadas impide ahora avanzar por decreto, lo que obliga a canalizar los cambios a través del Congreso.
Qué incluye el proyecto que llegará al Congreso
El rediseño que el Gobierno intenta reimpulsar había contemplado, entre otras medidas, la disolución de áreas como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. También incluía la eliminación de organismos como la ARICCAME, el INAFCI y el INASE, además de la transformación de entidades técnicas como el INTI, el INTA, el INV y el INPI.
Sin embargo, tras el rechazo legislativo en 2025, el Ejecutivo debió dar marcha atrás y restituir la normativa anterior para garantizar el funcionamiento de la administración pública.
Ahora, la nueva estrategia busca darle respaldo legal a esos cambios, aunque con ajustes que podrían modificar el alcance original de la reforma.
El ajuste del empleo público, en el centro del debate
La iniciativa también se vincula con la política de reducción del empleo estatal que impulsa la Casa Rosada. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Desregulación, con datos actualizados a febrero de 2026, desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que representa una caída del 13% del total.
El mismo documento detalla una reducción del 18,5% en la Administración Pública Nacional y del 13% en la estructura descentralizada, un segmento sobre el cual el Gobierno planea concentrar ahora parte de los cambios.
En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es avanzar sobre estructuras que consideran “superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad”, en línea con el diagnóstico que ya había sido expuesto en los fundamentos del decreto 462/2025.
Un debate político que vuelve a escena
El envío del proyecto promete reabrir un conflicto político que ya tuvo fuerte resistencia en 2025. En aquel momento, la oposición, los gobernadores y los gremios estatales cuestionaron tanto el contenido de las medidas como el mecanismo elegido para implementarlas.
El rechazo del Congreso obligó al Gobierno a retroceder en reformas que ya habían sido dispuestas, con el argumento oficial de preservar la continuidad operativa del Estado.
En esta nueva etapa, el Ejecutivo busca evitar ese escenario. Por eso, si bien reconocen que el proyecto será presentado en los próximos meses, aún no hay una fecha definida. La prioridad, explican, es ordenar primero otras iniciativas legislativas, como la denominada Ley Hojarasca y el paquete vinculado a la propiedad privada.
La estrategia oficial es clara: postergar una discusión de alto voltaje político hasta contar con el respaldo suficiente en ambas cámaras que permita avanzar con una reforma estructural sin repetir el traspié del año pasado.
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