Este jueves 15 de enero, el fondo Burford, beneficiario del fallo de US$16.100 millones por la expropiación de YPF, presentará ante la jueza Loretta Preska un escrito formal solicitando que se declare al Estado argentino en desacato y que se le apliquen sanciones económicas.
ACECHAN LOS BUITRES
Juicio por YPF: Pedirán declarar a Argentina en desacato por el incumplimiento de 6 funcionarios y el oro
El fondo Burford, beneficiario del fallo de US$16.100 millones por la expropiación de YPF, solicitará que se declare a la Argentina en desacato y se le apliquen sanciones económicas por los funcionarios que no entregan información.
"Estás presentaciones resultan del supuesto, (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no", explicó el analista en litigios internacionales Sebastián Maril.
Según adelantó el experto, la Argentina presentará su escrito de defensa el próximo 19 de febrero, argumentando que no existe tal incumplimiento. La Procuración del Tesoro afirma que " la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes".
"Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados", indicaron voceros oficiales. "La gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria", destacaron.
Juicio por YPF: Quieren conocer la ubicación del oro del país
La jueza Preska también había ordenado a la Argentina el año pasado entregar toda la información requerida por los demandantes, como la ubicación del oro del país y de otros activos.
Argentina "ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega", se quejó Preska en su fallo, donde recordó que independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos.
Adicionalmente, la magistrada que reemplazó a Thomas Griesa en el juzgado de Nueva York "pidió a Gobierno que dé información sobre cuentas soberanas ubicadas a nivel local y en Estados Unidos, que incluyen aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como las cuentas de bancos con empresas con las que el Gobierno haya hecho alguna operación comercial", precisó.
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