La causa del fentanilo contaminado que causó 76 muertos confirmadas, pero que podrían sumar alrededor de 100, tiene 17 imputados, de los cuales 10 están detenidos, entre ellos, Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, desde donde habrían salido las ampollas adulteradas.
100 MUERTES
Fentanilo: La responsabilidad política se cortó por lo más fino y se licuó en una agenda hipersaturada
La causa del fentanilo contaminado tiene 10 detenidos, pero apenas una funcionaria desplazada. El caso quedó tapado por otros escándalos.
05 de septiembre de 2025 - 15:49
El ministro de Salud, Mario Lugones.
Pero en términos de responsabilidades políticas, la respuesta del gobierno de Javier Milei ha sido la de cortar el hilo por lo más fino. Por el momento, la única consecuencia ha sido el desplazamiento quien hasta entonces directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INaMe), Gabriela Mantecón Fumadó.
El INaMe depende la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Los fiscales que instruyen la causa siguen la hipótesis que el organismo no fue eficiente en el control de los laboratorios sospechados.
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El Gobierno preservó a la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, una protegida del ministro de Salud, Mario Lugones.
Lugones, que pertenece al círculo íntimo del poderoso asesor Santiago Caputo, tardó en dar la cara mientras aumentaba la lista de muertos. Recién rompió el silencio en una entrevista con el canal TN en la que lloró.
"Es un atentado a la gente", dijo durante el reportaje, con lo que deslindó responsabilidades.
Lugones no es está imputado, pero el ministerio de Salud no podrá ser querellante en la causa, ya que el juez Ernesto Kreplak consideró que hay sospechas sobre "las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.
La ANMAT es una dependencia de la cartera sanitaria.
La responsabilidades políticas intentan ser dilucidadas en el Congreso, donde se busca crear una comisión investigadora.
Claro que hay objetivos que se bifurcan: mientras la oposición quiere determinar si hubo negligencias por parte del Gobierno en materia de controles, el oficialismo quiere hacer lo propio sobre el vínculo entre el kirchnerismo y García Furfaro.
En la Cámara de Diputados se avanzó el jueves en la constitución del grupo de investigación. Se emitió un "pre-dictamen" en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la macrista Silvia Lospennato. Pero para darle luz verde al proyecto necesita el dictamen del plenario que tiene como cabecera la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidente el libertario Nicolás Mayoraz.
El oficialismo tiene como directriz no activar las comisiones a no ser que lo exijan desde la Casa Rosada. De hecho, la incorporación de Asuntos Constitucionales como cabecera del plenario habría tenido ese objetivo: demorar el dictamen, lo que obliga a buscar los 2 tercios en el recinto en una votación sobre tablas o, de mínima, emplazar a la comisión a que trate la iniciativa.
Mientras tanto, en las redes sociales usuarios destacados piden la renuncia del ministro Lugones cuando el tiempo pasa y el caso insinúa meterse en el olvido por el paso del tiempo y una saturación de la agenda con otros temas de grueso calibre, como la campaña electoral y las denuncias de coimas, disimulando las posibles responsabilidades en las altas esferas del poder.
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