En el mundo de la redes y el streaming, Felipe Núñez es identificable como un militante de la política económica del gobierno de Javier Milei. Durante 2025 fue conductor del ciclo 'Las Tres Anclas', por el streaming libertario 'Carajo' y destinado a reivindicar al gobierno libertario y a descalificar todo lo que no lo sea. Habituales invitados del ciclo fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.
RELATOS
De Milei a Núñez, del "intento de golpe" a la "extorsión": Mucho ruido y pocos tribunales
Javier Milei y los suyos podrán denunciar un intento de golpe de la oposición o la extorsión de empresarios, pero sin denuncia penal a la que están obligados por ser funcionarios, todo queda en el relato político.
Menos gente debe saber que Núñez es también funcionario de la administración libertaria. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 se desempeñó como asesor del ministro Caputo y desde mayo de ese último año ostenta un cargo de director en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En calidad de tal, junto a otras autoridades del BICE (como su presidente, el otrora kirchnerista Maximiliano Voss), y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, Núñez participó el martes de un panel en Expoagro, que se desarrolla hasta el 13/03 en el autódromo de San Nicolás.
Allí Núñez aseguró que el año pasado el gobierno de Milei fue blanco de "un ataque político muy grande", lo que inmediatamente definió como "un intento de golpe de Estado".
Obligación
Esta declaración llamó la atención del dirigente peronista Alejandro 'Topo' Rodríguez, que en su cuenta de la red X señaló que, como funcionario público, Núñez tiene la obligación de denunciar en la justicia un hecho de magnitud como el que expuso en Expoagro.
"Dado que Núñez cuenta con información, documentos, datos y pruebas de lo que afirma, su declaración es extremadamente significativa", por lo que "no alcanza con "relatar" un delito para incrustarlo en el discurso político", consideró el director del Instituto Consenso Federal.
Rodríguez señaló que un "intento de golpe de Estado" viola la Constitución Nacional "y podría considerarse, en el Código Penal, un delito contra el orden constitucional y los poderes públicos, bajo las figuras -por ejemplo- de sedición, rebelión o instigación".
El exdiputado advierte que si el director del BICE "no lo denuncia" incumplirá con "sus obligaciones de funcionario público y ocultará las pruebas del "intento de golpe de estado", con las que cuenta".
Se descuenta que Núñez no hará tal presentación ante la justicia, dado que tampoco lo hará el Poder Ejecutivo aunque haya sido el propio Javier Milei quien con mayor énfasis denunció que "el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno".
Fue en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Milei habló reiteradamente de "golpistas", incluso acusó directamente a la bancada peronista de serlo, a la vez que aludió en el mismo sentido a la vicepresidente Victoria Villarruel.
"Luego de nuestro triunfo las elecciones de la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina, y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires; algo que, a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", dijo Milei e hizo un ademán con la cabeza para apuntar hacia Villarruel, que estaba sentada detrás de él.
Milei también apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la senadora Florencia López en el mismo sentido.
Sin embargo, según informó posteriormente el diario La Nación, desde la Casa Rosada admitieron no había "pruebas concretas y tangibles" para llevar las acusaciones a la justicia. Fuentes del entorno presidencial reconocieron que "es difícil que aparezca un papel con los pasos de una estrategia para voltear un Gobierno”.
Aún así, esas fuentes sostuvieron que "no hay dudas, en base a cosas que pasaron y a comentarios que nos llegaron, de que hubo un intento de desestabilización muy claro, que por suerte fracasó”.
Sin pruebas ni denuncia penal
Sin denuncia penal, las acusaciones del Presidente o cualquier otro funcionarios se reducen a meras estrategias de narrativa política. Nada que sorprenda: otros gobiernos (especialmente los kirchneristas) también las utilizaron.
Milei tampoco llevó a la justicia las imputaciones que hizo desde el Congreso contra los empresarios Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate/Aluar) de quienes dijo que intentaron "extorsionar" al Gobierno.
Sobre Rocca dijo que amenazó con "adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios" si no se admitía pagar la tonelada de tubos de acero a un valor mucho más caro.
En cuanto a Madanes, el Presidente vinculó el cierre de Fate y el despido de 920 trabajadores como una represalia por no mantener la protección para el sector del aluminio, que el empresario domina a través de Aluar.
Sobre este caso Milei volvió en su discurso de apertura del 'Argentina Week' en Nueva York el martes. "Como nosotros nos dedicamos a hacer lo que es correcto, un día antes de tratarse la reforma laboral en el Congreso, nos tiró a los 920 trabajadores a la calle", dijo sobre el caso Fate.
De Rocca dijo además que "negociaba coimas" con los gobiernos K.
No mostró elementos que respaldaran ninguna de esas imputaciones. Mucho menos podrá llevarlas a la justicia. Tal vez no esté ni siquiera en los planes.
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