Andrea del Boca podría ir presa: La Justicia pide 3 años y medio por fraude estatal

Andrea del Boca y Julio De Vido son juzgados por una estafa vinculada a Mamá Corazón. La causa investiga desvío de fondos públicos y contratos irregulares.

Por GERMÁN MOLKUC

La fiscal Fabiana León pidió tres años y medio de prisión para Andrea del Boca y cuatro años y medio para Julio De Vido, en un juicio sobre manejo de fondos públicos. El caso gira en torno a una presunta estafa millonaria ligada a la novela Mamá Corazón y deja al descubierto los vínculos incómodos entre cultura y política.

Así se financió una novela con Andrea del Boca que nunca se vio

Andrea del Boca esta vez está en el centro de la escena por el contrato que su productora A+A Group firmó con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Según la investigación, se trató de una adjudicación directa, sin concurso ni licitación, y con cláusulas que beneficiaban exclusivamente a la actriz. La maniobra le permitió cobrar más de $24 millones, pese a que la novela nunca salió al aire y que otras producciones similares apenas habían recibido un 7% de lo presupuestado.

El juez Sebastián Ramos, que procesó a los acusados en 2018, sostuvo: "La maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”. Es decir, no fue un error administrativo, sino un esquema diseñado para favorecer a una empresa vinculada al poder político.

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Andrea del Boca enfrenta prisión por adjudicación directa de fondos públicos a su productora. La fiscal acusa un esquema planeado que favoreció a su empresa y perjudicó otras producciones.

Clarín había destapado en 2016 que la productora estaba cerca de cobrar más de $36 millones en total, con un 10% de ganancia y los derechos internacionales asegurados.

La fiscal León ahora pide también que los acusados devuelvan US$3,1 millones al Estado, en forma solidaria. En su alegato describió un "daño de enorme magnitud" para las políticas culturales y universitarias. Y no es menor, dado que este tipo de fondos eran presentados como motor de la industria audiovisual nacional, pero se usaron con discrecionalidad para cerrar negocios con los propios.

Cuando la política cultural se convierte en caja negra

El problema no es Del Boca o De Vido, sino la desnaturalización de una política pública pensada para democratizar el acceso a la cultura. Como recordaron los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia al confirmar los procesamientos, lo cuestionable no fueron los convenios con la UNSAM en sí, sino su uso para "evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos".

Durante los años de Cristina Kirchner, el Estado impulsó producciones de TV digital y financió proyectos artísticos como parte de un relato de inclusión cultural. Pero este caso mostró su lado oscuro: contratos direccionados, universidades convertidas en intermediarias y millones de pesos que no llegaron a los que más lo necesitaban. Cada peso que terminó en un negocio trucho fue un recurso menos para un taller, una beca o una serie independiente.

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El caso muestra cómo se desnaturalizaron políticas culturales y universitarias. Cada peso desviado afectó talleres, becas y series independientes, mostrando el uso discrecional de fondos estatales.

La defensa de Del Boca insiste en que la actriz cumplió con su parte y que todo fue rendido en tiempo y forma. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, le dijo a Clarín en 2018: "No hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político". Más recientemente, en diálogo con TN Show, agregó que Del Boca es "la única imputada que no es funcionaria pública" y que la fiscalía armó un caso en su contra por su cercanía al kirchnerismo.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal N°7 deberá decidir si se trató de un malentendido administrativo o de un esquema de corrupción institucionalizado. El veredicto será una señal de qué lugar ocupa hoy la cultura en la agenda del Estado y hasta dónde se tolera que un proyecto artístico se convierta en un negocio político encubierto.

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