Leído

VIEJA DISCUSIÓN

Vuelve el debate sobre quién resuelve litigios derivados de las nuevas tecnologías

Jue, 08/10/2020 - 10:56pm
Enviado en:
Por Urgente24

Con el paso del tiempo aparecen otros conflictos como aquellos surgidos en las instalaciones de antenas de celulares que florecieron durante los años 90. Otros, no se terminan de resolver ya que se discute quien está en condiciones de administrar justicia. Si las competencias locales o las exclusivamente federales, allí entran las telecomunicaciones. Vale considerar la cuestión en la medida que los ciber avances no se detengan y obliguen a instalar más de esos instrumentos gigantes que cargaban la culpa de contaminar con radiaciones catastróficas que nunca ocurrieron.

antenas, celulares, bases
antenas.jpg
Vuelve el debate sobre quién resuelve litigios surgidos de las nuevas tecnologías
Contenido

Pasados varios años de iniciada una causa que involucró a un consorcio de propietarios porteños y la Ciudad de Buenos Aires respecto de la telefonía móvil la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncio sobre el fondo de la cuestión consistente en determinar la constitucionalidad de normas municipales en la materia. Es decir determinar el alcance de las competencias locales frente a un servicio de regulación exclusivamente federal, como son las telecomunicaciones.

En el caso “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 2 de julio de 2019.

Por mayoría de tres votos (Dres. Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Lorenzeti) a dos (Dres. Maqueda y Rosatti), la Corte hizo lugar a la queja presentada por las actoras y declaró inconstitucional la ordenanza 299/2010 dictada por el municipio demandado.

La Ordenanza disponía, entre otras medidas, la erradicación en un plazo de 60 días de estructuras y antenas de la zona urbana, cuyo emplazamiento incumpla la distancia mínima de 500 metros respecto de esa zona o que se encuentren en las proximidades de lugares donde se desarrollen actividades educativas, deportivas, sociales o de cualquier tipo que signifique la posibilidad de exposición continua de personas a las emisiones de dichas antenas (artículos 6° y 17). 

A todo esto la Corte recuerda que los servicios de telecomunicaciones son de carácter federal. Simplemente, vale recordar que en 2014 la Ley Argentina Digital N 27078 ratificó la jurisdicción federal sobre los servicios de telecomunicaciones (artículos 3 y 4).

No hay controversia entre los miembros de la Corte en que el poder de policía local habilita a los organismos legislativos municipales a dictar normas en materia de salubridad, medio ambiente y ordenamiento territorial, ni en que la ordenanza en cuestión encontraba su justificación formal y sustancial en la competencia municipal para legislar sobre estas cuestiones.

De conformidad con el artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional, la cuestión a discernir consistía en si las facultades allí reconocidas a los municipios, en el caso en cuestión, el poder de policía, interfería con un servicio de carácter federal.

En palabras del presidente del tribunal, “si la Ordenanza, en tanto exige erradicar en un plazo de 60 días las estructuras y antenas de la zona urbana —con fundamento principal en la salud de la población—, importa una intromisión por parte de la Municipalidad en una competencia exclusiva de las autoridades federales".

Pero volviendo al caso de referencia, el fallo de la Cámara al confirmar la decisión de primera instancia, rechazando el planteo de las actoras, había sostenido que existía en materia de salud “un estado de incerteza que convalida la aplicación del principio precautorio ante la posibilidad de que se irrogue un daño grave e irreversible a la población de la ciudad de General Güemes, permanentemente expuesta a las radiaciones no ionizantes de las antenas instaladas en el ejido urbano”.

Respecto de esta cuestión, la mayoría de la Corte descartó la afectación, pues se probó que las emisiones causadas por las antenas del servicio de telefonía móvil sean nocivas para la salud. Descarta también la aplicación del principio “precautorio” por cuanto éste no se aplica a cuestiones de salud, sino a las medioambientales.

Finalmente, cabe señalar al respecto que las emisiones se realizan respetando los niveles regulados por la CNC, en consonancia con disposiciones de la OMS y del ministerio de Salud de la Nación, lo que además se encontraba probado por el perito designado. La mayoría, en este caso a través del voto del Dr. Lorenzetti, también se encarga de poner en su justo cauce el principio precautorio, debiendo existir un umbral mínimo para que éste se pueda aplicar.

Así, sostiene el citado juez que “la aplicación del principio precautorio, aun existiendo una incertidumbre científica respecto al riesgo, requiere un mínimo de demostración de la posible concreción del daño, circunstancia que no se verifica en autos. Es decir, debe existir un umbral de acceso al principio precautorio, ya que de lo contrario siempre se podrá argumentar que cualquier actividad podrá causar daños. El problema que ello acarrea es que se puede desnaturalizar la utilización del principio, prestándose a usos que sean negligentes u obedezcan en realidad a otras intenciones”.

Descartado el argumento de la salud como sostén de la norma finalmente declarada inconstitucional, aparece la cuestión medioambiental

Las radiaciones no ionizantes son aquellas que no pueden alterar la estructura molecular ni celular de un sistema biológico por ser demasiado débiles para romper enlaces atómicos. De ello se desprende la no alteración de la materia. No es posible, entonces, que este tipo de radiaciones provoquen efectos que de algún modo alteren el medio ambiente. 

Tampoco se trata de represas que alteren el curso de ríos o tala de bosques con sus consecuencias en el clima y suelos y que puedan justificar estudios de impacto ambiental o alguna prevención al respecto, excepto en lo que pueda tener que ver con el impacto visual 

El ordenamiento territorial básicamente trata de los usos que se darán al suelo en el ámbito urbano y suburbano. Así se establecen áreas para usos residenciales, comerciales, industriales, parques, urbanización futura. El despliegue de infraestructura, si bien está sujeto a regulaciones propias del poder de policía municipal no se corresponde estrictamente con el ordenamiento.

Las antenas de comunicaciones, la fibra óptica, el cable de cobre, así como la infraestructura de ductos, torres y postes que las soportan no son asimilables a establecimientos o construcciones. De allí que el ordenamiento territorial no pueda disponer su localización con independencia de la ubicación de aquellos a quienes atiende. 

Es cierto que las radiobases o antenas admiten hoy día una mayor ubicación, pero a medida que se usen frecuencias más altas del espectro el radio de cobertura disminuye y, por lo tanto, es mayor la cantidad de antenas que son necesarias para asegurar el servicio y mayor la proximidad a los usuarios. Dato no menor para tener en cuenta frente a los conflictos que se avecina.