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Ley de Viviendas en España: Socialismo denigra al mercado inmobiliario

La Ley de Viviendas de España impulsada por Pedro Sánchez fija un tope máximo de precios en alquileres pero sin contemplar la inflación.

El actual presidente de España y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, pactó (14/04/23) un acuerdo con las agrupaciones de Izquierda Esquerra Republicana Catalunya (ERC) y EH Bildu para proseguir con la tramitación parlamentaria para su aprobación de la tan controversial Ley de Viviendas, antes del 28 de mayo.

Esta nueva ley introducirá un tope máximo de precios a la subida de alquiler y nuevas protecciones para inquilinos, interviniendo el Estado de manera regulatoria sobre el mercado inmobiliario como no se ha visto desde el Franquismo, lo que amenaza con constreñir al sector ya que el pago del alquiler no estará sujeto a las variabilidades inflacionarias. Buenas noticias para los inquilinos, pero no para los propietarios que dejaran de poner sus inmuebles en alquiler por razones de no redituabilidad.

“Hemos priorizado el derecho a la vivienda por encima de quienes quieren hacer de la vivienda un bien de mercado", lanzó Oscar Matute, diputado de EH Bildu, quien ha presentado el acuerdo junto a la diputada de ERC, Pilar Vallugera.

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La nueva Ley de Vivienda de España fijará el aumento de precios anual en contratos de alquileres hasta un 2% en este 2023, un 3% en 2024, y por debajo del Índice Precio al Consumidor (IPC) a partir del 2025, el cual el año pasado tuvo su tasa más alta con un acumulado de 15,7%. Sin embargo, ésta no contempla la inflación, lo que supone que si hubiera una escalada en precios ello afectaría de lleno al mercado inmobiliario.

La ley también establece la regulación de zonas tensionadas o calientes por parte del Estado. Anteriormente, la intervención estatal de un área tensionada estaba solamente habilitada si se cumplían dos criterios: la carga media del costo de hipoteca/alquiler (sumado a los gastos y suministros básicos) que supere el 30 % de la renta media de los hogares —5.817 euros en el 2022—, o que el precio de compra o alquiler del inmueble haya aumentado al menos 3 puntos superando el IPC en cinco años anteriores a la declaración del “área tensionada”.

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El mandatario español, Pedro Sánchez.

El mandatario español, Pedro Sánchez.

Pero ahora con esta nueva ley, el gobierno español podrá regular los precios en alquileres/hipotecas en zonas calientes cuando tan sólo se cumpla un criterio, o sea, que el esfuerzo financiero supere el 30% de la renta media o que los precios hayan aumentado al menos tres puntos por encima del IPC, lo que se traduce en que media España podrá ser considerada como área tensionada con esta nueva ley.

En esa misma línea, los propietarios que posean 5 o más inmuebles en áreas tensionadas se considerarán grandes tenedores, y se les aplicarán medidas para reducir la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican “fondos buitres” y fondos de inversión.

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Lo positivo de truncar la especulación mobiliaria

Con esta nueva Ley de Viviendas, los gastos y honorarios de la Inmobiliaria correrán a cuenta del propietario obligatoriamente. Además, quedarán prohibido el cobro al inquilino de rentas extraordinarias que usualmente aumenten el alquiler como las tasas de basura, pintura edilicia, etc.

En tanto, la 'cláusula de escape' para no rescindir el contrato antes de tiempo se elimina definitivamente: el inquilino decide cuando retirarse del contrato de alquiler sin recibir una multa o punición.

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En tanto, el presidente Pedro Sánchez anunció este domingo (16/04/23) que el Consejo de Ministros aprueba la movilización de 50.000 viviendas que pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), impulsa el alquiler social de 14.000 inmuebles y promueve la construcción de otros 15.000 en suelos disponibles de la Sareb, en el marco del programa de Vivienda Social y en el contexto de la inminente aprobación de la Ley de Vivienda.

“Es un problemón porque la vivienda en España es un derecho constitucional, pero no real, lo que hace que nuestros jóvenes tengan edades inaceptables para acceder a una vivienda y emanciparse”, declaró el presidente español, haciendo referencia al promedio de edad de emancipación de los jóvenes que es de 30 años, dada la imposibilidad de costear los gastos de un alquiler, así lo refiere un estudio de Eurostat.

Actualmente, un alquiler de un piso de 80m2 en España cuesta 924 euros mensuales, mientras que el salario mínimo es de 1700 euros al mes. Esto exhibe que la mitad del sueldo de un ciudadano común contempla el monto mensual de alquiler de una propiedad, sin contar gastos personales, habitacionales, gas-luz-telefonía, salud, educación y alimentos.

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