En julio de 2025, el Gobierno Nacional puso en marcha una de las reformas más profundas del sistema energético, tanto gas y luz, de las últimas décadas. Con la publicación de los Decretos 450, 451 y 452, el Ejecutivo busca modernizar el marco regulatorio, atraer inversiones privadas y dar previsibilidad a un sector clave para la competitividad de la economía, especialmente en provincias industriales como Santa Fe.
CAMBIOS EN EL SISTEMA ENERGÉTICO
Luz y gas: Arranca la desregulación y se crea un ente regulador único
El Gobierno Nacional puso en marcha una de las reformas más profundas del sistema energético, tanto gas y luz, de las últimas décadas.
El paquete normativo se enmarca en el espíritu de la Ley Bases y su orientación hacia la desregulación de los mercados, apuntando a un funcionamiento más competitivo y a la apertura de oportunidades para grandes usuarios, generadores y empresas con alta demanda energética.
Desregulación progresiva
Tal como señalan desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Decreto 450/2025 habilita un esquema gradual de apertura en la generación y comercialización de energía eléctrica. Hasta ahora, la contratación directa a través de PPA (Power Purchase Agreements) estaba limitada a fuentes renovables; con la nueva normativa, se amplía el alcance a todo tipo de generación.
Se incorporan figuras innovadoras como el “usuario generador” y el “almacenista”, que permitirán a empresas generar su propia energía, almacenarla y vender excedentes. Además, ninguna provincia o municipio podrá imponer tasas o impuestos sobre el suministro eléctrico que no estén vinculados de forma directa a la prestación efectiva del servicio.
El proceso tendrá un período de transición de 24 meses, durante el cual las distribuidoras provinciales —como la EPE en Santa Fe— mantendrán la operación de la red y cobrarán un peaje por su uso. Los grandes usuarios podrán negociar precios y condiciones directamente con los generadores.
Actualización histórica
El Decreto 451/2025 aprueba el Texto Ordenado 2025 de la Ley 24.076, vigente desde 1992, que regula transporte y distribución de gas natural. Entre los cambios más relevantes figuran:
- Liberalización de importaciones de gas y procedimientos más ágiles para exportaciones, incluido el GNL.
- Plazos claros y exigencia de declaraciones de disponibilidad para asegurar el abastecimiento interno.
- Extensión de las concesiones a 35 años iniciales, con prórrogas de hasta 20 años bajo control del nuevo ente regulador.
- Habilitación del almacenamiento de gas para garantizar servicios no interrumpibles, una ventaja para industrias de alto consumo.
Creación de un regulador único
El Decreto 452/2025 crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que reemplaza al ENRE y al ENARGAS. Este organismo unificado tendrá autonomía funcional y presupuestaria, y será responsable de supervisar tarifas, inversiones y concesiones en ambos sectores.
Impacto directo en Santa Fe
Santa Fe concentra cerca del 10% del consumo eléctrico del país y su matriz productiva abarca agroindustria, alimentos, metalmecánica, química y biotecnología. A nivel nacional, la industria representa 43% del consumo eléctrico, con los grandes usuarios mayormente conectados al Mercado Eléctrico Mayorista.
En el caso del gas natural, frigoríficos, aceiteras y químicas podrían beneficiarse de la compra directa a productores, eliminando intermediarios y ganando previsibilidad en los precios.
Ejemplos
Una empresa agroindustrial podría cerrar un contrato a largo plazo con un parque solar local, pagando un peaje a la EPE pero asegurando un precio fijo y estable. Un parque industrial podría organizar compras conjuntas de gas natural directamente a un productor, reduciendo costos.
Una reforma alineada con estándares internacionales
En conjunto, los Decretos 450, 451 y 452 conforman una reforma energética integral que busca alinear a la Argentina con prácticas internacionales de liberalización progresiva. La apuesta oficial es que un marco más competitivo y previsible impulse inversiones, mejore la eficiencia y reduzca los costos para los sectores productivos.
Sin embargo, el desafío radica en la implementación: el éxito dependerá de cómo se gestione la transición, la respuesta de las provincias y la capacidad del nuevo ente regulador para garantizar transparencia y reglas claras en un mercado más abierto.
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