Por fallo judicial, se puso freno al gremio de presos que buscaba crearse en Devoto

Los presos de Devoto buscaron organizarse dentro de un sindicato y defender sus derechos laborales, pero quedó imposible. La Corte Suprema frenó el intento.

Por GERMÁN MOLKUC

La Corte Suprema le puso fin a una historia que empezó entre rejas: un grupo de presos de Devoto quiso crear su propio sindicato para defender derechos laborales detrás de los muros. Parecía una rareza judicial pero terminó despertando una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el derecho a organizarse cuando la libertad ya está perdida?

Los presos se organizaron pero la Justicia dijo "no"

En 2016, un grupo de internos del penal de Devoto se organizó en el Centro Universitario del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad y presentó ante el Ministerio de Trabajo la solicitud para inscribir el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA).

Querían representar a todos los presos que realizan tareas dentro de las cárceles federales y provinciales, amparándose en la Ley 24.660 (que regula el trabajo penitenciario) y en la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Presentaron todo: estatuto, listado de afiliados y objetivos claros. El Ministerio, sin embargo, rechazó la inscripción, argumentando que los detenidos no tienen la "condición de trabajadores" según el Decreto 467/88, ya que el vínculo laboral libre (que define a cualquier trabajador común) no existe entre un interno y el Estado.

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La historia siguió su curso judicial: apelaciones, fallos en contra y finalmente la negativa de la Corte Suprema, que confirmó la decisión con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) ya había sido contundente: "El ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional, pero esa máxima no impide que quienes están presos vean limitada su capacidad de derecho".

En otras palabras, pueden tener derechos, pero no todos. El fallo agregó que, aunque la Ley 24.660 ordena que el trabajo penitenciario sea remunerado, "esa retribución no le corresponde al recluso, sino que debe distribuirse".

Los presos de Devoto intentaron crear un sindicato para defender sus derechos laborales, pero el Estado los rechazó al no considerarlos "trabajadores". La Corte Suprema confirmó la negativa.

Y el cierre fue todavía más directo: "Los reclusos, en cambio, tienen el deber de trabajar –es debatible que sea un derecho–, lo hacen bajo un deber de subordinación y obediencia para con el Estado –que técnicamente no actúa como empleador–, no tienen administración de su ‘remuneración’, y su labor se orienta a generar hábitos beneficiosos para su resocialización".

En síntesis, los presos pueden trabajar, pero no se los considera trabajadores. Y por eso, no pueden tener sindicato.

Derechos entre rejas: Lo que el fallo de la Corte Suprema quiso callar

El fallo de la Corte, además de cerrar una causa, marcó un límite político y social: dentro del sistema penitenciario argentino, el trabajo no genera derechos colectivos. Se presenta como herramienta de "resocialización", pero en los hechos sirve para mantener el orden interno y abaratar los costos de las tareas que sostienen la vida diaria de las cárceles.

El SUTPLA, con su nombre burocrático pero su espíritu combativo, había intentado algo que sonaba lógico en cualquier otro contexto: que si hay trabajo, haya representación. Pero en el mundo carcelario, organizarse es casi subversivo. El sistema no tolera esa autonomía.

El fallo revela que el trabajo en prisión sirve más para mantener el orden que para generar derechos. Intentar organizarse sindicalmente sigue siendo casi subversivo y el sistema lo niega.

La Corte, al declarar "inadmisible" el recurso, evitó meterse en el fondo de la cuestión. No discutió si los presos deberían tener derechos sindicales, solo ratificó que, hoy por hoy, la ley no los contempla. Pero ese silencio judicial dice mucho: el país que se define por sus conquistas laborales no reconoce a quienes trabajan sin libertad.

Y ahí está la paradoja: el Estado exige que los internos trabajen, pero les niega el derecho a reclamar por ese trabajo. En el fondo, el intento del SUTPLA fue una señal política dentro del encierro, una forma de decir "existimos" más allá del expediente.

La Corte los desestimó, pero el gesto queda. Porque por un momento, esos presos dejaron de hablar como reclusos y se plantaron como trabajadores.

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