Con la inminente reactivación del Congreso, el oficialismo se prepara para impulsar una serie de iniciativas consideradas prioritarias para la gestión de Javier Milei. Sin embargo, esos proyectos ya encontraron resistencia en la oposición, que comenzó a articular estrategias para frenar su avance tanto en Diputados como en el Senado.
CONGRESO
Señales de bloqueo: La oposición busca poner límites a las reformas de Milei y ya trabajan en su estrategia
La oposición negocia hasta estando en receso parlamentario para que los proyectos de Milei no se aprueben en el Congreso. Creen poder lograrlo.
En el centro de la disputa aparecen tres ejes sensibles: la reforma laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la ambiciosa reforma del Código Penal. A estos temas se sumó, en las últimas horas, el decreto de necesidad y urgencia que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una medida que promete convertirse en uno de los primeros grandes debates del año legislativo.
Resistencia de la oposición al DNU SIDE
El DNU será tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuya conformación debe resolverse en un plazo máximo de diez días hábiles. Si ese tiempo se cumple sin dictamen, el decreto quedará habilitado para ser debatido directamente en el recinto. Frente a ese escenario, distintos bloques opositores ya iniciaron conversaciones para reunir los votos necesarios que permitan rechazarlo.
La ofensiva está encabezada por Unión por la Patria, bajo la conducción del diputado Germán Martínez y el senador José Mayans. En la Cámara baja, el interbloque peronista parte de un piso de 93 legisladores, a los que podrían sumarse el Frente de Izquierda, el interbloque Unidos —que reúne a Provincias Unidas y la Coalición Cívica—, además de monobloques y diputados que se alejaron de La Libertad Avanza.
Dentro de ese esquema aparecen nombres como Natalia de la Sota, Jorge “Gato” Fernández, Marcela Pagano y los diputados Claudio Álvarez y Gerardo González, hoy enrolados en País Federal. Según admiten en la oposición, ese armado podría alcanzar el número necesario para rechazar el decreto, aunque las negociaciones continúan incluso durante el receso.
Negociaciones para frenar a Milei
Para que la Cámara de Diputados pueda tratar el tema se requiere un quórum de 129 legisladores, mientras que la aprobación o el rechazo se define por mayoría simple de los presentes. En el Senado, en tanto, Unión por la Patria cuenta con 28 bancas y busca ampliar ese número con el apoyo de sectores de la UCR y de Provincias Unidas.
Entre los nombres que aparecen en el radar opositor figuran Alejandra Vigo, de Córdoba; Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes; y los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Alcanzar las 37 voluntades es clave: solo si ambas cámaras rechazan un DNU, este pierde vigencia. De lo contrario, continúa en pie por aprobación tácita.
Mientras tanto, el oficialismo avanza con la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen favorable en el Senado tras el trabajo conjunto de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. El proyecto es impulsado por la ministra Patricia Bullrich y representa, hasta ahora, el mayor avance legislativo del Gobierno.
La estrategia incluye a la CGT
En Diputados, aunque la discusión formal aún no comenzó, la iniciativa genera fuerte rechazo. Unión por la Patria ya activó una estrategia basada en su ala sindical, integrada por referentes como Hugo Yasky, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Mario “Paco” Manrique. Desde ese sector aseguran que no se limitarán a proponer cambios puntuales, sino que presentarán proyectos alternativos.
En paralelo, otros bloques comenzaron a tender puentes con la CGT. El diputado socialista Esteban Paulón confirmó que en las próximas semanas se realizará una reunión con la central obrera, que había sido suspendida a fines de 2025 por el debate del Presupuesto.
Por último, la reforma del Código Penal asoma como el debate más complejo del año. Se trata de una reescritura integral de más de 900 artículos, con foco en el endurecimiento de penas. Aunque forma parte del temario de sesiones extraordinarias, en el Ejecutivo reconocen que difícilmente llegue al recinto antes de marzo, cuando planean presentar formalmente el proyecto.
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