Corrupción en la era Alberto Fernández: La Justicia procesó a aseguradoras por contratos con el Estado

La causa, que se originó a partir de una investigación periodística, apunta a un esquema de intermediación que habría funcionado entre diciembre de 2019 y al menos marzo de 2024. Según la resolución judicial, las compañías involucradas se habrían beneficiado de vínculos personales y conflictos de interés con funcionarios de alto rango del Estado, generando un perjuicio económico al erario público.

La investigación y decisión de la Justicia

El magistrado también ordenó embargos multimillonarios sobre las firmas procesadas, a las que imputó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En algunos casos, además, se sumó la acusación por el presunto pago de sobornos para asegurar la continuidad de los contratos.

Entre las empresas alcanzadas por el procesamiento figuran Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., Bachellier S.A., Bri Brokers S.A., TG Broker S.A., San Germán Seguros S.A., San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. En cambio, la firma Levelar S.A. fue beneficiada con la falta de mérito.

Los embargos dispuestos superan, en algunos casos, los 9.000 millones de pesos y buscan garantizar una eventual restitución de los fondos que la Justicia considera obtenidos de manera indebida. De acuerdo con la resolución, las empresas no solo se habrían beneficiado de la maniobra, sino que además no implementaron mecanismos de control interno ni programas de integridad para prevenir este tipo de prácticas.

El círculo de Alberto Fernández cada vez más complicado

El fallo también alcanzó a Hugo Daniel Rodríguez, colaborador cercano del entonces presidente Alberto Fernández y empleado en la Quinta de Olivos. Rodríguez fue procesado como partícipe secundario por negociaciones incompatibles con la función pública y como autor por incumplimiento de los deberes de funcionario, con un embargo cercano a los 788 millones de pesos.

En su análisis, Casanello remarcó que las compañías imputadas toleraron conductas irregulares por parte de sus máximas autoridades, no denunciaron internamente los hechos investigados y tampoco devolvieron los beneficios económicos obtenidos a partir de los contratos cuestionados. Esa pasividad, sostuvo el juez, permitió la continuidad del esquema.

Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en el grupo empresarial encabezado por Héctor Martínez Sosa, señalado por su estrecha relación personal con el expresidente y con su entonces secretaria privada. Para el juez, ese entramado configuró un conflicto de interés evidente, que se tradujo en la asignación de contratos a empresas privadas con intervención directa en seguros contratados por organismos estatales.

Corrupción en la era albertista

La resolución también describe patrones de riesgo elevados en otras firmas procesadas, como la reiterada contratación con organismos nacionales, provinciales y municipales, y la interacción constante con funcionarios con poder de decisión sobre las licitaciones y supervisión de los acuerdos.

En el caso de San Germán Seguros, TG Broker y San Ignacio, la Justicia consideró probado que el beneficio económico fue consecuencia directa de la intervención de personas físicas que, aprovechando vínculos y conflictos de interés, lograron su contratación tanto por la ANSES como por Nación Seguros.

Con esta decisión, el juez avanzó sobre las personas jurídicas que participaron del presunto entramado corrupto, luego de haber procesado el año pasado a funcionarios y particulares involucrados. La causa busca ahora determinar el alcance total del perjuicio económico y las responsabilidades penales de cada uno de los actores.

El expediente pone bajo la lupa un sistema de intermediación que, según la Justicia, permitió el cobro de comisiones extraordinarias a privados en operaciones con el Estado, reabriendo el debate sobre los controles, la transparencia y los vínculos entre el poder político y el sector empresarial.

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