Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: la auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

El informe fue ordenado por el interventor Alejandro Vilches tras la difusión de audios que expusieron presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos e insumos. La revisión se extendió sobre un período amplio —desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025— y puso la lupa sobre el funcionamiento institucional, los circuitos de contratación, los mecanismos de control y los sistemas de información.

ANDIS: Un organismo sin controles básicos

Según el documento incorporado al expediente judicial, la ANDIS presentaba fallas estructurales profundas. Entre los principales hallazgos se enumeran la inexistencia de un sistema integral para el programa Incluir Salud, irregularidades reiteradas en los procesos de compra, deficiencias en la gestión documental y demoras crónicas en la regularización de contratos con prestadores.

La auditoría también detectó la ausencia total de manuales de procedimiento, debilidades en el control de expedientes y serios problemas en los registros y en la trazabilidad de la información. Este escenario, advierte el informe, generó un terreno fértil para maniobras discrecionales y prácticas opacas.

Qué dice la auditoría

Uno de los puntos más sensibles del reporte es la conclusión de que las decisiones cuestionadas no fueron errores administrativos, sino acciones tomadas “de manera consciente” por funcionarios con experiencia en la gestión pública. Esa afirmación no solo compromete a Spagnuolo, sino que también alcanza a otros exdirectivos de la ANDIS, entre ellos Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

La investigación interna sostiene que las falencias detectadas habrían sido aprovechadas para beneficiar a actores privados específicos, en perjuicio del Estado y de la calidad del servicio destinado a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del sistema público.

Compras sin reglas y prestadores elegidos sin criterios claros

La reconstrucción de los procesos de contratación reveló un esquema marcado por la arbitrariedad. La base de prestadores se armaba sin criterios objetivos, se ocultaban las reglas de selección, no quedaban registros claros del inicio ni del cierre de los procesos y se evitaban comparaciones entre ofertas.

Tampoco se documentaba la capacidad operativa de las empresas para responder a la urgencia que demandan estas prestaciones, ni se verificaba si un mismo beneficiario final aparecía en distintas cotizaciones para simular competencia. En muchos casos, directamente no existían contratos firmados que delimitaran derechos y obligaciones.

Fragmentación interna y sistemas inconexos

El informe advierte que estas prácticas derivaron en una fragmentación interna del organismo, con áreas superpuestas, competencias poco claras y circuitos administrativos desconectados. Programas centrales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Incluir Salud funcionaban en plataformas separadas, generando inconsistencias de datos y una menor previsibilidad para los beneficiarios.

Un registro de proveedores paralelo y opaco

Otro de los hallazgos más graves fue la existencia de un registro paralelo de proveedores, manejado de manera informal por la ANDIS. Este padrón permitía decidir discrecionalmente quién podía contratar con el Estado, incluso cuando las empresas no estaban inscriptas en los registros oficiales o tenían datos incompletos o desactualizados.

La auditoría y la fiscalía detectaron que varias firmas invitadas a cotizar no figuraban en el sistema oficial de proveedores o lo hacían con inscripciones irregulares. Correos electrónicos incorporados a la causa muestran pedidos de alta de empresas sin explicaciones formales, listas armadas por fuera de los canales institucionales y comunicaciones informales que contrastaban con la supuesta neutralidad de los sistemas informáticos utilizados.

Un esquema formal por fuera y arbitrario por dentro

Si bien los procesos de compra se presentaban como transparentes a través de software específico, el informe concluye que la manipulación se producía en la carga de datos. La fachada de racionalidad administrativa convivía con un detrás de escena dominado por mensajes de WhatsApp y Telegram, donde se definían decisiones clave.

Tras el estallido del escándalo, las comunicaciones comenzaron a canalizarse por correos oficiales, un cambio que la auditoría interpreta como un intento de ordenar prácticas que hasta entonces se desarrollaban sin controles efectivos.

La causa sigue avanzando y la auditoría gubernamental se consolidó como una de las pruebas más contundentes para reconstruir un esquema que, según la Justicia, funcionó durante años con niveles alarmantes de discrecionalidad y opacidad dentro de un organismo clave del Estado.

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