Antes del debate por la baja de edad de imputabilidad, exigen que el Gobierno muestre los costos del proyecto

La baja de edad de imputabilidad será un tema sensible en el Congreso.

A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, el debate por la baja de edad de imputabilidad suma un nuevo capítulo. El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamó formalmente que se conozca el impacto presupuestario del proyecto impulsado por el Gobierno antes de que comience su tratamiento legislativo.

El legislador envió una nota a las autoridades de las comisiones que intervendrán en el debate para solicitar la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El objetivo es que se detalle cuánto costará implementar la reforma y con qué recursos piensa financiarla el Poder Ejecutivo.

“Es necesario saber cuál es el costo real y qué partidas va a poner el Gobierno Nacional”, planteó Ferraro.

image

Impacto fiscal de la baja de edad de imputabilidad

El pedido fue dirigido a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. El proyecto también tiene giro a Justicia y a Niñez, Familias y Adolescencias, donde el oficialismo aún define autoridades y conducción política de cara al tratamiento del tema.

Ferraro recordó que en debates anteriores vinculados al sistema penal juvenil se solicitó información similar. “En 2019 se elaboró un informe presupuestario. La responsabilidad fiscal tiene que ser un criterio permanente, no selectivo”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el Gobierno exija fuentes de financiamiento para algunas iniciativas, pero no aplique el mismo estándar a los proyectos que impulsa desde el Ejecutivo.

El Gobierno mide los costos con la misma vara

El eje del reclamo apunta al artículo del proyecto que establece que los gastos derivados de la reforma se atenderán con recursos previstos en los presupuestos de cada ejercicio, aunque habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas en el año de entrada en vigencia. Para la oposición, esa redacción deja abierta la incógnita sobre el verdadero impacto fiscal y las prioridades del Gobierno.

El planteo cobra relevancia porque el dictamen que el oficialismo logró firmar en mayo de 2025 —con apoyo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y otros— mantuvo intacto ese esquema de financiamiento, a pesar de haber modificado puntos centrales del texto original. Entre esos cambios, se estableció que la edad de imputabilidad baje de 16 a 14 años, y no a 13 como proponía inicialmente el Ejecutivo.

Ese dictamen también introdujo un sistema de sanciones escalonadas, con penas máximas de hasta 15 años y alternativas a la prisión para delitos menores, como servicios comunitarios, amonestaciones y mecanismos de reparación del daño a las víctimas.

Sin embargo, desde el oficialismo anticipan que el objetivo para este año es avanzar con un texto más cercano al proyecto original enviado por el Gobierno nacional en julio de 2024, que proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Una fuente parlamentaria confirmó que buscarán reordenar el dictamen en esa dirección durante las extraordinarias.

La preocupación por el financiamiento no es aislada. Ferraro vinculó su reclamo con antecedentes recientes, como la falta de ejecución presupuestaria de leyes aprobadas por el Congreso en materia universitaria, discapacidad y salud, que fueron vetadas o demoradas en su implementación. En ese marco, advirtió que discutir reformas estructurales sin un respaldo presupuestario claro “vacía de contenido” el debate legislativo.

Con el inicio de las extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero, la baja de la edad de imputabilidad se perfila como uno de los temas más sensibles de la agenda. Antes de entrar en la discusión de fondo, la oposición busca instalar una pregunta clave: cuánto cuesta la reforma y quién se hará cargo de financiarla.

Adobe Scan 28 de ene de 2026

______________________________