Luego de que el exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se sumara al debate por la baja de la edad de imputabilidad y planteara que hay que eliminar cualquier límite etario y, en cambio, evaluarla a partir de la capacidad psicológica de comprender el delito, la actual ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, replanteó el proyecto oficial y afirmó que el límite debería establecerse en los 12 años.
DÓNDE PONER EL LÍMITE
Baja de la edad de imputabilidad: Alejandra Monteoliva replantea el proyecto con una mínima de 12 años
Luego de que el exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni opinara que se debe eliminar el límite etario, Alejandra Monteoliva subió la apuesta y habló de los 12 años.
28 de enero de 2026 - 12:50
Alejandra Monteoliva replantea el proyecto oficial con un piso debería ser inferior al propuesto.
Lo que planteó fue que el piso debería ser inferior al propuesto en el proyecto oficial, que actualmente fija el límite en los 13 años.
La ministra sostuvo que la legislación vigente quedó desactualizada frente a la realidad del delito juvenil y afirmó que el debate internacional se orienta hacia edades más tempranas:
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"La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años. Creo que incluso debería ser menos", expresó en declaraciones a radio 'La Red'.
En ese sentido, la funcionaria señaló que la discusión actual se ubica entre los 12 y los 13 años.
"La tendencia y el debate están alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14", afirmó, al justificar la necesidad de avanzar con una reforma más profunda del sistema penal juvenil.
El objetivo del Gobierno con la reforma
Monteoliva remarcó que el objetivo de la iniciativa no es criminalizar a los menores, sino dotar al Estado de herramientas legales para intervenir de manera más efectiva frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
Según indicó, la nueva Ley Penal Juvenil busca combinar sanciones proporcionales con instancias de contención y reinserción social.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo ya generó fuertes cruces con sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, que advierten sobre los riesgos de reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer previamente las políticas de prevención y protección social.
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