Mientras el oficialismo se alista para discutir este martes 06/05 en Diputados un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, distintas voces se alzan en contra con fuerza. La más resonante fue la de la Iglesia Católica.
RECHAZO
Baja en la edad de imputabilidad: La Iglesia, los K y la Izquierda se resisten a la "mano dura"
Hay resistencia a la baja en la edad de imputabilidad. El oficialismo y aliados proponen bajarla de 16 a 14 años. Contundente rechazo de la Iglesia Católica.
05 de mayo de 2025 - 12:43
Intentarán sacar dictamen en el Congreso para tratar la baja en la edad de imputabilidad.
En las últimas horas, el monseñor Dante Braida, titular de la Pastoral Social, expresó su rechazo al proyecto en una entrevista con Infobae, marcando un posicionamiento firme que se suma al del kirchnerismo, la izquierda y organismos de derechos humanos.
Para el Gobierno el cambio es necesario y alegan: "Delito de adulto, pena de adulto", pero la Iglesia Católica y la oposición en el Congreso, tratarán de frenar a toda costa la firma de dictamen para que de esta forma, una vez más, ese tema quede "encajonado" en el Diputados.
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Baja en la edad de imputabilidad: las distintas posturas
La ofensiva para frenar la iniciativa tomó fuerza este fin de semana, en un contexto de creciente sensibilidad social frente a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes. La Iglesia considera que la solución no es encerrar a menores, mientras que los K y la Izquierda van en esa misma línea y se amparan en los Derechos Humanos.
Sin embargo, además del oficialismo y aliados, hay buena parte de la sociedad que pide esa baja con la esperanza de que el delito disminuya. Por ejemplo, el asesinato de Kim Gómez, de solo siete años, arrastrada por dos jóvenes de 14 y 17 años tras el robo de un auto, reavivó el debate de larga data: ¿cómo debe responder el Estado frente a menores que cometen delitos graves?
A pesar del repudio de amplios sectores sociales y políticos, el oficialismo, acompañado por el PRO, la UCR y bloques aliados, buscará avanzar mañana en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara baja con un dictamen que reformula el sistema penal juvenil.
Comisión en Diputados
El texto más consensuado propone una baja en la edad de imputabilidad y al mismo tiempo, un nuevo enfoque integral con medidas alternativas a la prisión, intervención interdisciplinaria y garantías procesales específicas.
El proyecto plantea derogar la ley vigente, sancionada en 1980 bajo la dictadura militar. La nueva norma, de 53 artículos distribuidos en once capítulos, fue elaborada tras meses de sesiones informativas y apunta a alinear la legislación argentina con estándares internacionales.
Entre los puntos centrales figuran el acompañamiento educativo, terapéutico y laboral de los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como penas alternativas como servicios comunitarios, amonestaciones o monitoreo electrónico.
No obstante, para los sectores opositores, el cambio de paradigma no alcanza a justificar la baja en la edad. Advierten que, bajo el lema oficial de “delito de adulto, pena de adulto”, lo que se esconde es una lógica punitivista que desconoce las condiciones estructurales que atraviesan a los jóvenes más vulnerables.
"Castigar no puede ser la única respuesta del Estado", aseguran desde Unión por la Patria, que en su mayoría rechaza la baja.
Matices en el peronismo
Incluso dentro del peronismo hay matices. El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó un proyecto propio que también fija la edad de imputabilidad en 14 años, aunque con una visión más garantista. En las comisiones, más de 100 diputados de diferentes bloques discutirán mañana un dictamen de consenso, impulsado desde las presidencias de las comisiones de Legislación Penal (Laura Machado, PRO), Niñez (Roxana Reyes, UCR), Justicia (Manuel Quintar, LLA) y Presupuesto (José Luis Espert, LLA).
El Gobierno de Javier Milei había enviado originalmente un proyecto que bajaba la edad a 13 años. Incluso, el presidente sostuvo públicamente que quienes cometen delitos graves deberían recibir penas equivalentes a las de un adulto. Esa posición endureció la resistencia de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos y reactivó el debate sobre el rol del Estado en la prevención y contención de los jóvenes.
No todos los menores irán a la cárcel
Durante el proceso de redacción, se convocaron especialistas en salud mental, infancia y neurociencias, quienes aportaron evidencia sobre el nivel de comprensión de los adolescentes frente a sus actos. También se tuvieron en cuenta los tratados internacionales ratificados por Argentina que establecen la necesidad de un régimen penal juvenil diferenciado.
Los impulsores del proyecto aseguran que la prisión seguirá siendo la última opción, reservada solo para delitos especialmente graves. Entre las medidas complementarias previstas están la inclusión educativa, el tratamiento psicológico, el acceso al empleo y la prohibición de consumir sustancias. Se prohíbe, además, la pena perpetua para menores y se establece que ningún adolescente podrá cumplir su condena junto a adultos en cárceles comunes.
Políticas de inclusión
Sin embargo, quienes se oponen insisten en que el foco debería estar en fortalecer las políticas de inclusión, prevenir la violencia desde la raíz y garantizar los derechos básicos a la infancia. “Los chicos no nacen delincuentes”, sostuvo una referente de la Pastoral de Villas, que acompaña diariamente a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El debate está abierto. Y, aunque todo indica que el dictamen obtendrá luz verde en comisiones, el resultado final dependerá del juego de mayorías en el recinto.
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