Negocios, plata y política: de Milei (y la casta)

El economista libertario fue denunciado por la venta de candidaturas a cambio de una suma determinada de dólares para pertenecer y competir dentro del espacio que lidera: "La Libertad Avanza". Estas acusaciones llevaron a la Justicia Electoral a iniciar una investigación preliminar para determinar si se cometieron delitos "de gravedad institucional", como la venta de candidaturas, dádivas, enriquecimiento ilícito, violación al derecho a ser elegido, aportes irregulares a la campaña, entre otros.

Milei, por su parte, niega las acusaciones y afirma ser víctima de la "campaña de difamación más grande de la historia argentina", impulsada por su creciente popularidad, imagen positiva e intención de voto que registra en las encuestas a poco más de un mes de celebrarse las PASO. Para el diputado, la "difamación" se da solo "porque venimos a plantear una Argentina distinta", y responsabilizó a los medios de comunicación de señalarlo mientras se dedican a esconder "a los culpables de la decadencia nacional".

"Argentina está repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo, corruptos disfrazados de moralistas y políticos camaleones que saltan de un lado a otro. Pero eso no te lo cuenta nadie", reflexionó el legislador en una extensa carta que publicó titulada "Los medios y la casta".

Luego, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, en A24, Milei explicó que desde La Libertad Avanza lo que se plantea es "que cada uno se tiene que autofinanciar su candidatura, se elige al que tenga mejores condiciones para competir, pero cada uno se la tiene que financiar. Este es un caso único y nuevo en la Argentina, en el que cada uno se autofinancia su propia campaña", dijo; y agregó: "somos criticados por los corruptos de la casta política que utilizan la plata de los impuestos para financiar sus campañas alocadas y sus delirios electorales".

Por otro lado, su excompañero de partido y amigo, Carlos Maslatón -con quien está distanciado desde enero de este año-, asegura que, en efecto, Javier Milei vende las candidaturas como franquicias, y que a través de ese negocio "debe haber juntado entre 3 y 10 millones de dólares".

Mientras tanto, la Justicia Electoral seguirá su curso con la investigación para determinar si hubo conductas delictivas en el accionar del precandidato presidencial y de sus apoderados, empezando por su hermana y mano derecha, su asesor Carlos Kikuchi y otras nueve personas que son parte de su pequeño círculo político.

Venta de candidaturas, vieja práctica

Así las cosas, y mientras todas las críticas están puestas en Milei, quien no desaprovechó la oportunidad para prender el ventilador y denunciar que estas prácticas también son ejercidas dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio, fue la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), quien sugirió que en la campaña de las elecciones 2021 se vendieron lugares en las listas, específicamente en el conurbano bonaerense.

"En el conurbano bonaerense, en la lista de concejales, el segundo lugar, yo no lo puedo probar, pero se reserva para el que pone la plata", dijo sin titubeos en una entrevista con Viviana Canosa en LN+, agregando que "algo raro pasó en la campaña anterior en Quilmes, que apareció una mujer en el segundo lugar y nadie me puede explicar cómo apareció".

Por último, y aunque sin nombrarlo terminó acusando al ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, reflexionó: "El que pone plata de concejal para ir a la lista es porque la va a recuperar. Van a recuperarla".

Cargos en el Estado a cambio de plata

Además de la venta de candidaturas y otras viejas prácticas de las política que por estas horas nadie admite aplicar, también es sabido el otorgamiento de cargos públicos a cambio de cuotas de dinero que son destinados -en teoría- para financiar esos espacios partidarios.

Por ejemplo, en mayo de 2021 explotó un escándalo en el Congreso Nacional cuando trascendió que la diputada nacional Estela Regidor (UCR), quien en ese momento pertenecía a la coalición Juntos por el Cambio, le exigía a sus asesores el 50% de sus salarios en concepto de "reintegro".

"Van a cobrar 40 mil pesos, lo otro es reintegro", se escuchaba decir en los audios con los que fue escrachada y denunciada la entonces legisladora nacional. Tras el escándalo, la correntina pidió licencia y se excusó alegando que los audios "fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme". A su vez, en una carta explicó que además de tomarse licencia sin goce de sueldo, "he decidido presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos".

Tras ese hecho, a las pocas semanas explotó otro escándalo similar, pero en esa oportunidad involucraba a la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Ingrid Jetter. En esa línea, una ex asesora de la legisladora la denunció ante la Justicia por ejercer la misma práctica que Regidor: exigirle una parte de su salario en concepto de "reintegro". En esa denuncia, se explica que le debía transferir a Jetter, mes a mes y a través de su CBU, la suma de 25 mil pesos, de un sueldo de entre 70 y 85 mil.

Cargos, favores y acomodados

Por si fuera poco, y además de los acuerdos con dinero de por medio que hay dentro de la política, también existen los cargos destinados a los "acomodados", que van en concepto de pago de favores y se otorgan a algunas persona con vínculos familiares, de amistad, afectivos o hasta amorosos.

En ese contexto, y si bien la lista es larga y con nombres de "acomodados" muy conocidos, el último caso que resonó en la opinión pública fue el del diputado nacional del radicalismo Martín Tetaz, quien según trascendió, recurrió a la clásica estrategia del "acomodo" para ampliar su estructura de poder y logró colocar a su hermana, Lorena Tetaz, en la lista de aspirantes a la Cámara baja bonaerense. El diputado y economista niega los hechos y asegura que su hermana lleva más de 30 años militando dentro de la UCR y por mérito propio logró optar para competir a un cargo electivo.