Continúa la polémica por la contratación directa (y millonaria) del ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) que tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Javier Milei retuiteó la defensa de Pablo Quirno, pero no convence demasiado...
"PACTO DE INTEGRIDAD"
Milei defendió la contratación de la esposa de Sturzenegger, pero crece la polémica
Javier Milei defendió la contratación directa (y millonaria) de la asociación que dirige la mujer de Federico Sturzenegger. Pero la polémica no cesa.
16 de febrero de 2026 - 15:34
Javier Milei defendió la millonaria contratación directa de la Asociación que dirige la mujer de Federico Sturzenegger.
El canciller Pablo Quirno aseguró que "no hay absolutamente ninguna irregularidad" en dicha contratación, y que "todos los requisitos" fueron "cumplidos". El Presidente compartió en sus redes sociales dichos mensajes.
La justificación del Gobierno es que en el proceso intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para garantizar la transparencia del proceso. Como mecanismo de control, argumentan, se suscribió un "Pacto de Integridad", un acuerdo formal donde ambas partes se comprometen a evitar conflictos de interés y beneficios indebidos.
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La pregunta es si ese Pacto de Integridad es suficiente para asegurar que no hay conflicto de intereses, sobre todo tratándose de una adjudicación directa -y no por licitación-. ¿Alcanza con la aprobación de la OA y la SIGEN para mermar la polémica? Lo cierto es que éticamente, si se quiere, el proceso hace ruido, sobre todo viniendo de un gobierno que dice combatir a "la casta" (aunque ese slogan de campaña ya quedó totalmente desactualizado...).
Hay muchos que se preguntan si no vulnera el artículo 265 del Código Penal, que establece: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".
Además, existe un antecedente cercano: en marzo de 2024, Cancillería ya había contratado a la AACI por más de $55 millones. Sin embargo, en aquel expediente no figura la publicación de un Pacto de Integridad ni el acceso público a las cláusulas particulares del contrato.
La polémica continúa, y desde la oposición han salido con los tapones de punta. Por ejemplo, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, ya anticipó que irá a la Justicia. "Todos chorros, del primero al último", escribió.
Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que "la esposa de un ministro no puede ser proveedora del Estado. No importa cuan competitivo haya sido el proceso de selección. De hecho no lo fue y no hubo licitación sino adjudicación directa. El Estado ya tiene esos cursos y personal para dictarlos sin necesidad de contratar a terceros".
"Ajustan universidades, jubilados y discapacidad. Pero los libertarios llegaron para hacer negocios con los recursos públicos y no se están perdiendo ninguno. Sturzenegger es pura hipocresía con discurso de derecha", añadió.
Luego, pidió reacción a los argentinos: "Ya ni queda esperanza de algún remedio, investigación o rescisión. Si no hay una sociedad que se indigne y reclamo cada día el robo tapado por los insultos será mayor".
En tanto, el diputado Esteban Paulón también se hizo eco de la polémica, con varios mensajes en X:
César Biondini, apoderado del Frente Patriótico, también cuestionó los "contratos familiares con el Estado". Y lanzó: "Sturzenegger tiene que terminar preso".
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