ANDISgate: Diego Spagnuolo fue a tribunales, se despegó de las imputaciones pero se negó a responder preguntas

Sin embargo, el exfuncionario y examigo de Javier Milei hizo una serie de "aclaraciones".

Según el dictamen del fiscal, se acusa al exfuncionario de LLA de haber “permitido, consentido o supervisado” el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables.

Mauricio D'Alessandro, abogado de Spagnuolo, aseguró que éste dijo en tribunales que "no tiene nada que ver con los cargos que se le imputaron", los que el abogado describió como "supuestos sobreprecios y amañamiento de las licitaciones respecto de 4 o 5 laboratorios".

También anticipó que Spagnuolo volverá a declarar cuando tenga "todo leído" en cuanto al expediente.

En declaraciones a los periodistas, D'Alessandro insistió además que los audios que destaparon el caso del presunto pago de coimas "han sido manipulados con inteligencia artificial" y afirmó que lo demuestra una "pericia" de parte solicitada a una "empresa alemana" que emitió un "informe preliminar" con ese resultado.

Por otro lado, el abogado dijo que Spagnuolo que los US$82 mil que se le secuestraron no corresponden a ningún ilícito ya que los tenía en "una caja de seguridad desde 7 meses antes de que asumiera" en la ANDIS.

El letrado también dijo que Spagnuolo negó haber hecho una remodelación en su vivienda cuyo costo no podría justificar, sino que sólo hizo "arreglos".

Las acusaciones centrales son dos: direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas. Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática.

Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio, un período que coincide con la llegada de Spagnuolo y de su N°2 , Daniel Garbellini, a la conducción del organismo.

El expediente también detalla el rol de personas que no eran funcionarias de ANDIS pero que, sin embargo, tenían usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera irregular en las decisiones del organismo.

Tambien se señala la supuesta participación de dos lobistas, Miguel Calvete -que se negó a declarar el lunes- y Pablo Achavajian, quienes —según las conversaciones incorporadas a la causa— daban instrucciones directas sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué montos debían liberarse.

Para la fiscalía, era una organización articulada que “digitaba” el circuito completo de las contrataciones públicas.

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