Perú sumida en un caos por un amplio paro de varios días de transportistas, al que acataron recientemente 33 empresas de transporte público ante los constantes casos de extorsiones, amenazas contra los choferes y pasajeros. Lima paralizada y suspendidas las clases presenciales en la capital.
Perú también sufre el crimen organizado.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, anunció que se movilizarán en una marcha pacífica hasta los exteriores del Congreso de la República y que la interrupción del flujo de colectivos y custers será “mucho más fuerte”.
En las redes se reportan quemas de vehículos y ciudadanos enojados y desorientados.
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Según El Comercio, los transportistas, en algunos puntos bloquearon la vía y obligaron a los buses a detener su marcha y bajar a los pasajeros. Otros que incendiaron vehículos fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos.
Extorsiones
Los gremios y trabajadores del sector transporte en Lima y Callao exigen que las autoridades tomen acciones contra el crimen organizado que presuntamente están atentando contra ellos con amenazas, asesinatos y extorsiones.
Según medios locales, se trata de un problema central por el desborde criminal que ya ejerce un control territorial en varias zonas del Perú, principalmente en la costa y la capital.
En el último mes se han reportado al menos 15 atentados contra 11 empresas de transporte público en Lima y el Callao. Denuncian que son atacados a balazos por delincuentes que les exigen pagar cupos mensuales de hasta 50 mil soles (13.500 dólares).
“Las extorsiones son desde hace tiempo, lamentablemente no tenemos el apoyo de la policía y se necesita acción urgente", dijo a la radio RPP Edmundo Arzapalo, miembro del directorio de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao.
Incluso, algunos policías actúan en complicidad contra los extorsionadores, ya que persiguen a los chóferes que tardan en pagar las coimas exigidas.
La violencia criminal ha dejado 3 choferes muertos, acribillados por sicarios en motocicleta. El último asesinato, la gota que rebalsó el vaso ocurrió el domingo (22/09) en el distrito Los Olivos, en el norte de Lima.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló un incremento de hasta 50 % en la incidencia de secuestros y extorsiones en el primer semestre del 2024.
Inacción del Dina Boluarte
Si bien Dina Boluarte, anunció que ha incrementado la presencia policial y los patrullajes en zonas estratégicas de la capital e intensificado su investigación para contrarrestar la extorsión a empresas de transportes", fue criticada por desconocer el modus operandi del crimen organizado y de tomar medidas reactivas en lugar de preventivas.
En diálogo con Infobae, el ex titular del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, opinó que “su reacción es una respuesta absolutamente efectista y absolutamente irresponsable porque sabemos que solamente es un anuncio para la tribuna. Hasta ahora no conocemos cuál es la estrategia del gobierno frente al crimen porque no la tiene entonces en conclusión es un gobierno que nos ha abandonado”.
También la reprobó por estar más enfocada en eludir las investigaciones por los graves y amplios casos de corrupción en su contra que en brindar protección a la ciudadanía.
Muchos detractores del gobierno, también citaron una reciente ley promulgada por el congreso que redefine el término organización criminal y cambia protocolos de allanamientos y favorece al crimen organizado y se opone a acuerdos internacionales.
Según la normativa, una organización criminal es un grupo con “estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa, integrado por tres o más personas que, coordinadamente, cometen delitos con penas superiores a seis años de cárcel”.
De acuerdo a la periodista María Alejandra Gonzales de Infobae, entre los cambios más polémicos “está la obligación de realizar allanamientos judiciales sólo con la presencia del investigado y su abogado” y el aumento del umbral de “pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis años de cárcel”.
“Críticos de la ley, como el fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, argumentó que la normativa favorece a los criminales al eliminar la posibilidad de allanamientos sorpresivos, debilitando así las investigaciones sobre trata de personas, extorsión y otros delitos graves”.
Según Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, la ley implicaría que sólo se consideren graves los delitos con penas superiores a seis años de cárcel. Esto excluiría a el tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales, la estafa agravada, el tráfico de productos pirotécnicos, la tala ilegal, la tortura simple, la concusión, la colusión simple, el peculado, el cohecho pasivo, el soborno internacional pasivo, la negociación incompatible y el enriquecimiento ilícito básico.
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