LaLiga, bajo la gestión de Javier Tebas, ofrece 50 euros por denunciar bares que emitan fútbol ilegal y reabre el debate sobre control y poder.
Javier Tebas, en el centro de la polémica por la estrategia de LaLiga contra la piratería.
Mano dura de Javier Tebas. El presidente de LaLiga vuelve a quedar en el centro de la escena con una decisión que mezcla control, poder y mensaje político hacia dentro y fuera del fútbol. No es un movimiento aislado, sino un nuevo capítulo de una gestión que desde hace años se caracteriza por el pulso firme y la confrontación permanente.
Se trata del mismo dirigente que hace apenas una semana volvió a marcar límites explícitos al trabajo periodístico de la cadena que emite los partidos del campeonato, al advertir a Juanma Castaño que ciertas preguntas o enfoques podían tener consecuencias en el acceso y la relación con LaLiga. Un mensaje que reavivó el debate sobre la independencia editorial en un ecosistema cada vez más condicionado por los derechos audiovisuales.
El mismo presidente cuya gestión quedó bajo la lupa por su remuneración millonaria. Tebas elevó su salario a más de 3,5 millones de euros anuales, incluyendo variables, en la temporada 2023-24, una cifra que, aun con una leve baja posterior, implica que su sueldo se multiplicó por más de diez desde que asumió el cargo en 2013. El contraste se vuelve aún más visible si se recuerda que fue el propio Tebas quien, en distintos momentos, pidió a los futbolistas ajustarse el cinturón y rebajar sus salarios en nombre de la sostenibilidad del sistema.
En ese contexto, LaLiga lanzó una nueva herramienta para intensificar su lucha contra las retransmisiones ilegales en bares, restaurantes y locales del sector hostelero. La patronal decidió pagar 50 euros a quienes denuncien establecimientos que emitan partidos sin licencia, trasladando parte del control a los propios ciudadanos.
La medida se articula a través del denominado Canal de Denuncias, una plataforma que permite reportar locales presuntamente infractores de forma anónima o identificada. Solo en este último caso, y tras una verificación técnica, el denunciante puede acceder a la compensación económica. Según LaLiga, el sistema garantiza confidencialidad y busca proteger tanto los derechos audiovisuales como a los empresarios que sí pagan por emitir fútbol de manera legal.
Desde la organización que preside Javier Tebas aseguran que el objetivo no es sancionador sino preventivo: ampliar la capacidad de detección de emisiones ilegales y frenar una práctica que, sostienen, genera competencia desleal dentro del sector. Sin embargo, la iniciativa introduce un elemento novedoso y polémico en el ecosistema del fútbol español: la incentivación económica de la denuncia como herramienta de control.
Más allá del discurso oficial, la medida abre interrogantes sobre su impacto en los bares de barrio, especialmente aquellos con presupuestos ajustados que forman parte del entramado social de las ciudades españolas. En muchos núcleos urbanos, la retransmisión de partidos es desde hace décadas un complemento casi natural del tardeo, las copas y la vida cotidiana en cafeterías y pequeños locales, a menudo alejados de los márgenes económicos de grandes cadenas o franquicias.
Para estos establecimientos, el costo de las licencias oficiales supone un esfuerzo significativo. El paquete de LaLiga para bares ronda los 280 euros mensuales, una cifra que, para muchos negocios pequeños, se suma a un escenario ya tensionado por el aumento de alquileres, energía y suministros. Aunque desde la institución se insiste en que la iniciativa busca proteger a quienes cumplen la normativa, el nuevo sistema de denuncias introduce un clima de vigilancia que podría afectar especialmente a los locales con menor estructura y menor espalda financiera.
La polémica no reside solo en la lucha contra la piratería, sino en el modelo elegido para hacerlo. Incentivar la denuncia entre clientes habituales o vecinos tensiona una cultura tradicionalmente basada en la convivencia y el consumo social, y plantea una pregunta incómoda: hasta qué punto el control del fútbol televisado puede alterar dinámicas barriales que forman parte del ADN urbano español.
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