Protocolo antipiquetes: "El Gobierno no puede aplicarlo como si la nulidad no hubiera existido"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que "la Justicia nos dio la razón" y que la normativa para impedir el corte de calles "sigue vigente y puede aplicarse".

El cruce de esta posición salió este miércoles el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que inició la batalla legal contra el Protocolo.

"Lo que presenta el ministerio no es así", aseguró Diego Morales, director de Litigio del CELS.

Según el abogado, el fallo de Cormick es uno "de fondo", por lo que tiene caracter "definitivo" y que el Gobierno "no puede aplicar" el Protocolo como si esa decisión "no hubiera existido".

Morales coincidió en que la apelación suspende la ejecución del fallo, pero que esa "no es la discusión".

"El Estado tiene derecho a apelar la sentencia de 1ra instancia. Todas las sentencias de fondo cuando se apelan...la palabra no es "se suspenden"; son revisadas por el tribunal superior acerca de si lo que decidió el juez está basado en la evidencia que está en el expediente y si las razones que dio son las constitucionales", explicó Morales en diálogo con El Destape Radio.

"Lo que jamás puede hacer el demandado, como lo dice el ministerio de Seguridad, es dejar de lado esa discusión. Jamás la parte demandada puede hacer como si la sentencia de fondo no existiera. Ese es el punto. La discusión no es si la sentencia está suspendida o no, sino cuáles son las razones que dio el ministerio para apelar. Ahora una cámara va a revisar la decisión de 1ra instancia, que es definitiva. No hay vuelta atrás", afirmó.

Morales insistió en que el Protocolo "está anulado por la justicia" y que lo que "no puede hacer" el ministerio de Seguridad es "aplicarlo como si esta sentencia no hubiese existido". "Lo que debería hacer el Estado es no aplicar el protocolo porque puede llegar a profundizar las consecuencias que advirtió el juez", agregó.

En su fallo, Cormick sostuvo que la Resolución 943/23, que implementó el Protocolo, "conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de "instruir" al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo".

Si bien admitió que mientras la Cámara de Apelaciones revisa el fallo "este no se puede ejecutar porque todavía no está firme", el director de Litigios del CELS sostuvo que "es tramposa la comunicación que hizo el Gobierno" sobre esa suspensión.

Por otra parte, Morales estimó que a pesar de la decisión judicial, el Gobierno volverá a aplicar el Protocolo, tal como lo adelantó Monteoliva en su mensaje.

En ese sentido, el abogado anticipó que en caso de que ocurra el CELS evaluará si "comunicamos esto al juez de 1ra instancia y a la Cámara, porque son comportamientos del ministerio de Seguridad que se apartan de la línea que fija el expediente judicial" que es, explicó, "acá hay un protocolo que tiene problemas serios en términos constitucionales".

"Ese protocolo no era una cobertura legal. Esa cobertura ya está puesta en duda en un expediente del que ministerio forma parte", concluyó.

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