Portación de armas: La ley que podría cambiar quiénes y cómo pueden llevar un arma en la calle

La iniciativa, titulada “Ley del Usuario Responsable de Armas de Fuego”, propone reformar artículos clave de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, vigente desde la década de 1970.

El texto plantea un cambio estructural: que los ciudadanos que ya son legítimos usuarios registrados y que han renovado al menos una vez su condición, puedan acceder a la portación sin atravesar un proceso completamente separado del trámite de tenencia. Es decir, se crea un sistema donde el Estado evalúa al usuario de manera continua y no duplica controles ni pagos cada vez que se solicita portar un arma.

Portación de armas basada en “confianza administrativa”

Gerardo Milman (autor de la iniciativa) sostiene que el régimen actual impone exigencias idénticas tanto para quien recién ingresa al sistema como para quienes llevan años con antecedentes limpios y evaluaciones psicofísicas al día. Esa situación genera “burocracia sin sentido”, según los fundamentos del proyecto, y no aporta mejoras reales en materia de seguridad.

La propuesta incorpora un nuevo artículo 35 bis que establece los requisitos para acceder a la portación: historial renovado como legítimo usuario, ausencia de procesos penales por delitos dolosos, cumplimiento de normas de almacenamiento y transporte, y la aprobación de un curso actualizado sobre uso racional de la fuerza y marco jurídico de la legítima defensa.

Quienes obtengan el permiso quedarán inscriptos en el Registro Nacional de Portaciones de Armas de Fuego (RENPAF), con una vigencia de dos años y posibilidad de revocación inmediata en caso de incumplimiento, uso indebido o cualquier novedad judicial.

Argumentos comparativos y tendencia internacional

El proyecto se apoya en ejemplos de países como Estados Unidos, Suiza, República Checa, Italia y Uruguay, donde los usuarios con trayectoria acreditada pueden acceder a permisos de portación mediante procesos simplificados pero altamente controlados. Esa lógica, afirma Milman, combina dos factores: un Estado que supervisa y una ciudadanía que demuestra responsabilidad continua.

Además, destaca la importancia de fortalecer los sistemas de trazabilidad. La ANMaC ya cuenta con registros interconectados con bases judiciales y administrativas como el RENAPER, el Registro Nacional de Reincidencia y el SIFCOP, lo que permite monitorear en tiempo real las condiciones de cada usuario.

Una reforma que apunta a “modernizar” la ley vigente

En sus fundamentos, el autor del proyecto señala que la normativa argentina mantiene estructuras de hace más de cincuenta años y que necesita actualizarse para diferenciar entre nuevos solicitantes y usuarios con trayectoria. Según Milman, la propuesta no amplía la cantidad de armas en circulación, sino que reorganiza los controles sobre quienes ya están habilitados y registrados.

También plantea que la norma permitiría optimizar recursos dentro de la ANMaC, descomprimir trámites redundantes y garantizar un control más eficiente gracias a la unificación parcial del sistema.

El proyecto completo a continuación:

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