Nuevo conflicto en puerta. Cuando por fin parecía que los dos grandes espacios políticos se perfilaban bajo una misma línea al momento de acordar las nuevas medidas restrictivas, la resolución del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien avaló ante la Corte Suprema de Justicia la postura de la Ciudad de Buenos Aires que pidió la inconstitucionalidad del DNU que obligaba al cierre de las escuelas porteñas decretado por el Gobierno Nacional, cayó como un baldazo de agua fría en el oficialismo.
CLASES EN EL AMBA
Recrudece la tensión CABA vs. Nación: Tras fracasar, Alberto F. vuelve a la carga contra Larreta
Con el DNU actual a punto de finalizar su vigencia, renace el conflicto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la cuestión educativa.
30 de abril de 2021 - 05:32
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Según la informaron que trascendió en las últimas horas, la reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta contó con varios cortocircuitos debido a que ambos no se ponen de acuerdo en cuanto a la presencialidad en las escuelas. Si bien, el jefe de gobierno porteño había aceptado acompañar las medidas para restringir aun más la circulación, mostró su desacuerdo en cuanto a la suspensión de las clases presenciales.
Mientras que la Ciudad opta por mantener abierta la escuela primaria y el jardín de infantes, desde Nación no se mueven de la postura que establece la suspensión de la presencialidad en los colegios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"Los contagios siguen muy altos, hay récord de muertes y las terapias están al límite", argumentan desde el oficialismo. Recordemos que esta puja sobre las clases cuenta con la presión de la PBA que insiste en mantener la prohibición que rige en el AMBA, motivo por el cual Larreta terminó judicializando el conflicto y sobre falta que la Corte se expida.
Ante esta situación de conflicto constante, el jefe de gobierno porteño propuso que los estudiantes de nivel secundario cursen casi todas sus clases de manera virtual y que la primaria y el nivel inicial conserven las clases en las escuelas. Un ofrecimiento para tratar de consensuar con el Gobierno la "presencialidad administrada" como sugirió el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el transcurso de la semana.
Además, Larreta sugirió que se impongan restricciones al rubro de la construcción -que incide en buen número en el transporte público-; que se imponga el teletrabajo en una serie de actividades profesionales; y que haya un eficiente control callejero y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.
El texto
La Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, dictaminó que es inconstitucional el decreto del presidente, Alberto Fernández, tal como lo había anticipado 1 semana atrás a Urgente24, el abogado Juan Pablo Chiesa.
"Pienso que el hecho de que esta decisión se haya tomado primordialmente por motivos sanitarios y en ejercicio de facultades que, por lo demás, también ejerce de manera concurrente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fallos 338:1110), no impide apartarse del paradigma del federalismo concertado que debe primar en las relaciones interjuridisccionales, especialmente si se presentan desacuerdos razonables o fricciones que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos que actúan directamente sobre el mismo pueblo (K.C. hare, Federal Government, Londres, 1947, citado por Linares Quintana, Segundo en Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Tomo II, Buenos Aires, 1970, pág. 102)", explicó en su dictamen Esteban Casal, a cargo de la Procuración General de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había solicitado opinión a la Procuración General en relación al expediente "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/acción declarativa de inconstitucionalidad".
"De hecho, como lo comprueban los antecedentes normativos expuestos, muchas de las cuestiones sanitarias vinculadas con el sistema educativo fueron consideradas en el marco del Consejo Federal de Educación, lo que permitió incorporar la necesaria perspectiva de las jurisdicciones locales en la delicada tarea de armonizar el interés superior del estudiante con los aspectos generales de la salud pública", agregó la Procuración Gneral.
"Es innegable que, con frecuencia, en el sistema federal la delimitación de las competencias de los distintos niveles de gobierno es, no pocas veces, ambigua, vaga y a veces en apariencia contradictoria, y que, en palabras del entonces difundido informe Rowell-Sirois sobre las provincias canadienses, "ni aun el mayor cuidado al determinar la división de los poderes en un esquema federal evitará dificultades cuando la división se aplica a la variedad y complejidad de las relaciones sociales" (op. cit. o. 126). También es cierto que esa dificultad intrínseca es aun mayor en tiempos de guerra, crisis o emergencia (p. 129)", afirmó Casal.
Último fragmento: "En paralelo, debe tener en cuenta que -como ya dije- uno de los propósitos de la reforma constitucional de 1994 fue el fortalecimiento del federalismo, pues se observaba ya con preocupación un largo proceso en el que el comportamiento federal había reacomodado las pautas y las normas más a favor de la de la centralización que de la descentralización; más a favor de la dependencia de las provincias que de la convergencia concertada, más con tendencia a priorizar las competencias federales que coordinarlas con las provincias (Bidart Campos, "El federalismo argentino desde 1930 hasta la actualidad", en "Federalismos Latinoamericanos: México, Brasil, Argentina", Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 336)".