Desesperación K: Ley Antiterrorista para los productores que no liquiden los dólares ya

Como el Gobierno no puede obligar al productor a vender su cosecha sin violar la propiedad privada, hasta ahora presionaba enviando inspectores de la AFIP a los campos y desde la campaña pasada obligan a los chacareros a informar 48 horas antes de cada cosecha para que un inspector pueda caer de sorpresa a constatar el rinde.

Según reveló este lunes 25/04 el diario El Cronista, la respuesta del Gobierno, si tras las asambleas que se están desarrollando en el campo se decide el cese de la comercialización, sería la aplicación de la Ley Antiterrorista, una de las decisiones políticas más cuestionadas del Gobierno de Cristina Fernández.

Es una interpretación que ya amenazó con hacer el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella tiempo atrás en los casos en que alguno de los delitos previstos en el Código Penal hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, según dispone el artículo 41 del Código Penal modificado en 2011. Ese artículo había sido modificado debido a las críticas que recibió el proyecto original por lo que el Ejecutivo introdujo un párrafo al artículo 41 quinquies de la Ley 26.734.

Así quedó ese artículo:

Artículo 41

ARTICULO 3º- Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto:

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Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

Esta es la modificación votada en 2011

Y este es el texto original de la ley de 2007

La ley antiterrorista fue votada a fines de 2011 para cumplir con la normativa requerida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20.

Hasta el momento, el Ejecutivo la implementó para congelar activos de represores perseguidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, recuerda el diario El Cronista.

Pero el texto de la ley comenzó a circular por la Casa Rosada como alternativa para presionar al ruralismo a vender la soja.

También la aplicación para los represores argentinos fue cuestionada, para algunos juristas, la norma debe combatir el financiamiento del terrorismo internacional.

Sbattella fue el primero en mostrar la aplicación de la Ley en el caso de la economía y justificó varias veces el uso de la norma contra quienes “atenten””contra el orden económico. La ley “deja abierto que se graban con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad”, dijo cuando se aprobó la ley.

Sobre la aplicación de la Ley, a fines de 2011, el Gobierno apeló a la amenaza de aplicar la Ley Antiterrorista para disciplinar a los medios de comunicación. El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, confirmó que los medios de comunicación podrían ser sujetos de la ley que fue sancionada  horas atrás por el Senado y ya dejaba entrever su posible aplicación en los casos de “golpe de mercado”.

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“ La ley antiterrorista no es para perseguir, es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado", afirmó el funcionario.

Con la Ley Antiterrorista "lo que se está previniendo es la posibilidad de que un grupo de personas con un gran poder económico pueda concertar una política que vacíe las reservas o aterrorice a la población de tal manera que la induce a llevarse los depósitos que es lo que ha pasado históricamente en los golpes de mercados".

"Los que generan eso son un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden la situación con los medios", afirmó el jefe de la UIF. El funcionario completó: "Y bueno, eso es aterrorizar a la población".

En enero de 2012, nueve ambientalistas que protestaron en la localidad catamarqueña de Santa María contra la empresa de origen canadiense que explota la mina de oro y cobre de Bajo La Alumbrera denunciaron que fueron detenidos y maltratados bajo el argumento de ser “terroristas”.

Los manifestantes denunciaron que en el momento de su detención les dijeron que si son detenidos nuevamente en una “protesta de este tipo” se les aplicará la flamante ley antiterrorista aprobada a fines de 2011.

Es interesante recordar la opinión de renombrados kirchneristas sobre la Ley Antiterrorista, cuyo principal cuestionamiento fue la amplitud de interpretación que permite la norma que llegó a cosechar críticas por entonces d el grupo Carta Abierta y hasta motivó un pedido de revisión por parte de Hebe de Bonafini.

“Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social”, decían en un documento los intelectuales kirchneristas que además apuntaron contra “ las presiones norteamericanas” para su aprobación.

“Sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional”, advertía Carta Abierta.

Hebe de Bonafini pidió “revisar un poquito más” la ley durante la ronda de las Madres porque “ si hay un gobierno de facto la van a aplicar como ellos quieren”.

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Estela de Carlotto también expresó su preocupación por la norma cuando dijo que " en Argentina no hay terrorismo". Por su parte, Eugenio Zaffaroni renovó sus críticas al GAFI (ver notas relacionadas)

"La preocupación es porque en la Argentina no hay terrorismo. Hubo un atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, producto de injerencias externas, no de argentinos, y si argentinos colaboraron, son mercenarios, pero no hay una red de la que uno tenga que preocuparse", enfatizó la dirigente.

El  juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dijo por entonces: "El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero", advirtió.

También a fines de 2011, Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) salió a defenestrar la norma que tiene el sello de la Presidente y que pidió que sea sancionado antes de fin de año.

Verbitsky calificó de “matete jurídico” al proyecto. Dijo además que si "esto se aplica va a traer muchas complicaciones", y también se despachó contra los diputados que lo aprobaron al opinar que " es una pésima técnica legislativa que carece de racionalidad".

Luego ataca el punto que defendía Sbatella sobre los ‘actos aterrorizantes’ y el temor a su aplicación discrecional: " La ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, decía el titular del CELS.