Javier Milei le reclama a Alberto que anule contrataciones y nombramientos

De lo contrario, advierte en el escrito, podría "acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar".

Según Milei, son "nulos de nulidad absoluta e insanable todos aquellos actos y procesos de contratación en curso que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término de su mandato y se encuentren afectados por nulidades absolutas aquí descriptas" y en esos términos le requiere que "se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar" la gestión del gobierno que asuma el próximo 10/12. Milei encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones del 22/10.

Milei solicita que el Presidente, hasta tanto se efectivice la revocación requerida, "disponga la suspensión inmediata de dichos actos e instruya a las respectivas áreas bajo su órbita que dispongan similar suspensión o, en su caso, el PEN se avoque en el dictado de los pertinentes actos de suspensión".

Según Milei, "se están adoptando actos manifiestamente viciados" no con el objetivo del "interés público" sino con el de "asegurar la permanencia de sus militantes en puestos públicos a costa del agravamiento del déficit y en detrimento del patrimonio de los ciudadanos e imponer condicionamientos a las autoridades que los sucederán tras las elecciones de octubre".

De acuerdo a la presentación, los actos administrativos que el candidato libertario impugna son:

• El llamado a concurso abierto para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE).
• El inicio del proceso para la cobertura de más de 455 cargos para el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras Públicas, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación.
• El restablecimiento del Programa de Incremento Exportador.
• La adjudicación de las licitación para la adquisición de soluciones tecnológicas que incluyan maquinaria, insumos, diseño, software y capacitación para la producción del Nuevo DNI Electrónico Argentino y del Nuevo Pasaporte Electrónico Argentino.
• La aprobación de perfiles para incorporar 180 investigadores a la Carrera del Conicet en la Modalidad Fortalecimiento I+D+i.
• El inicio del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) para las empresas de transporte de energía eléctrica bajo jurisdicción nacional.
• El llamado a concurso la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI).

Según la presentación, el Poder Ejecutivo, conducido -dice- "en los hechos" por el ministro de Economía, Sergio Massa, "pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado que deberá ser atendido por las próximas autoridades de gobierno".

"De la simple lectura de los actos dictados por la Administración Pública (centralizada y descentralizada) y que son objeto de análisis en esta presentación, es evidente que, pese a haber alegado el ejercicio de facultades tendientes a satisfacer supuestas necesidades de bien público, su finalidad fue otra: manipular al electorado, despilfarrar los recursos del Estado e imponer condicionamientos a quienes los sucederán tras las próximas elecciones", agrega.

Milei invoca el concepto de "vicio de desviación de poder" y afirma que "tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que constituye un principio basal del accionar de la Administración que sus decisiones se conformen al interés público definido". "La traición a ese interés trae aparejada la nulidad absoluta e insanable del acto al controvertir principios fundamentales que integran el orden público administrativo (ética, legalidad y justicia) íntimamente ligados con el instituto del abuso del derecho", sostiene.

En ese sentido, agrega que, frente a la proximidad de las elecciones generales, "todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción, sino también un atentado contra el sistema democrático (art. 36 CN), base esencial del respeto a los derechos humanos".

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