DNU de Inteligencia: Expectativa opositora, temor en la Casa Rosada y el PRO como árbitro

La agenda parlamentaria de LLA se enfoca en aprobar su reforma laboral en la prórroga de sesiones extraordinarias de febrero. Para eso negocia el apoyo de los gobernadores, que por estas horas miran con recelo las modificaciones tributarias que podrían mermarles recursos coparticipables.

Pero en medio de esa discusión se cuela otra: la de la reforma que el Gobierno hizo por decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del sistema de Inteligencia.

Entre los puntos más cuestionados están la delegación de un poder de policía a los espías para que detengan gente en caso de flagrancia, la obligación de organismos del Estado a realizar tareas de contrainteligencia, y la discrecionalidad en la definición de las que serían tareas encubiertas por parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La medida ya fue impugnada por la oposición, que busca desactivarla tanto por la vía legislativa como por la judicial, con sendas presentaciones ante los tribunales.

Cabe recordar que para voltear un DNU ambas cámaras deben expresarse por su nulidad. Si sólo una lo hace y la otra lo hace a favor o ni siquiera se pronuncia, el decreto continúa vigente.

Para que el DNU llegue al recinto primero el Ejecutivo debe enviarlo al Congreso. Para eso corre un plazo de 10 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial, que fue el 02/01. Luego corren otros 10 días hábiles para que lo trate la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los DNU. Transcurrido ese plazo, y aunque la Comisión no lo haya tratado, el decreto quedá en condiciones de ser votado en el recinto.

¿Podría darle un golpe la oposición al Gobierno en el Congreso? Algún temor hay en la Casa Rosada por lo que espera hasta último momento para remitir el decreto al Congreso mientras Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado demoran la constitución de las bicamerales de Trámite Legislativo y de seguimiento de las actividades de Inteligencia, lo que fue reclamado tanto por los bloques de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados.

El antecedente es espeso para el Gobierno: el primer DNU en ser rechazado en la historia fue justamente uno de Javier Milei que ampliaba en $100 mil millones los fondos para el área de Inteligencia.

La oposición se entusiasma con repetir aquella épica. Tanto el peronismo, como Provincias Unidas -que agrupa a legisladores que responden a gobernadores- como la Coalición Cívica ya anticipan su voto negativo.

El PRO, que votó contra el 1er DNU y ahora fue socio electoral de LLA, no manifestó su negativa, pero se mostró cauto, a la espera de la instrumentación de la normativa. De ello podría depender su postura final. Pero la actividad que el jefe de esa bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo, compartió con el jefe político de la SIDE, Santiago Caputo, no escapa a suspicacias.

Según cálculos de la oposición, estarían a no más de 10 votos de voltear el DNU en Diputados, lo que se logra con mayoría absoluta. El PRO cuenta con 12 bancas por lo que se transformaría en el gran árbitro de la contienda.

Mientras se define la suerte legislativa del DNU, por un canal paralelo se acumulan presentaciones judiciales en su contra por inconstitucionalidad.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, es promotor de una de esas presentaciones ante el fuero Contencioso Administrativo. "El DNU es de gravedad institucional, atenta contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Todos estaríamos en libertad condicional", denunció este martes en diálogo con Urbana Play.

Ferraro apuntó especialmente contra el "poder de policía" que se le confiere a los agentes de Inteligencia para detener personas sin ningún tipo de identificación.

Ferraro remarcó la falta en términos jurídicos al remarcar que la Constitución Nacional prohíbe legislar por DNU en matería penal, mientras que este decreto, dijo, "modifica el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación".

La presión contra el DNU también se ejerce desde organismos no gubernamentales. En las últimas horas una carta conjunta firmada por 23 organizaciónes, entre ellas, Amnistía Internacional, el CELS, Poder Ciudadano e, incluso Greepeace, denunció la inconstitucionalidad del DNU 941/2025.

"Este DNU, manifiestamente inconstitucional, rompe consensos básicos, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas. Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia", dice el texto.

"Una vez más, se toman decisiones de extrema relevancia sin debate legislativo. Es evidente que lo que exige nuestra Constitución para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no se cumple: no hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas. El Congreso debe rechazar este decreto", instó.

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