Inédita juntada de (ex)radicales hoy en bandos diferentes pero que compartieron militancia alfosinista: Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Luis “Changui” Cáceres se unieron para impulsar un amparo contra del DNU de Javier Milei que reformuló la Side.
ALFONSINISTAS
Moreau, Storani, 'Changui' y Alfonsín: 'Un solo corazón' contra el DNU de la Side
Dirigentes radicales, algunos en veredas políticas diferentes actualmente, se unieron para presentar un amparo contra el DNU que reformó la Side.
DNU y per saltum
El recurdo de amparo de los dirigentes alfonsinistas fue presentado contra el DNU 941/2025 de Javier Milei que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó polémicas facultades como la detención de personas.
De acuerdo con el documento, se plantea que la norma habilita tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo, a partir de conceptos definidos de forma amplia, como las nociones de “influencia” o “injerencia”.
Para los demandantes, el decreto de Milei habilita un margen de discrecionalidad para la SIDE que es incompatible con los estándares constitucionales.
También afirman que no existe una “ necesidad y urgencia” que impida el trámite legislativo y que se trata de una materia de “ alta sensibilidad constitucional” que demanda control parlamentario.
La presentación, que ingresó este martes (6/1) a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo quedó radicada en el juzgado a cargo de Martín Cormick.
Por último, los accionantes dejaron planteada la reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir al mecanismo excepcional del per saltum ante la Corte Suprema de Justicia.
Primer amparo
Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron este lunes (05/01) una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad absoluta” del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia.
Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, pidieron además una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.
"No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184", explicaron los diputados.
Y agregaron que "el Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma".
Cabe recordar que el 31 de diciembre, Javier Milei firmó el DNU que intenta darle un marco legal a tareas de inteligencia de Estado ampliadas y la posibilidad de detener individuos, lo que lo convierte en un inicio de Policía Secreta. Para muchos es un Estado policial que recortará varios derechos constitucionales y perseguirá y controlará a opositores.
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