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REFORMA CLAVE

Pese a perder aprobación, Lacalle Pou acelera cambio previsional

Fundamental actualizar el sistema previsional y el presidente Lacalle Pou decidió abordarlo. Ya hay Comisión especial en el Senado.

En Montevideo, Uruguay, la encuestadora Cifra presentó un nuevo estudio de opinión pública: el presidente Luis Lacalle Pou tiene una aprobación del 47% de la población y una desaprobación del 42%. En este contexto político, Lacalle Pou acelera la reforma previsional, que será uno de sus legados, de gran impacto en las finanzas del Estado.

Cifra informó desde la pantalla de Telemundo que 8 de cada 10 que votaron al Presidente están “satisfechos” con el trabajo realizado. Entre votantes opositores, 1 de cada 10 respalda la gestión.

“Las opiniones sobre la gestión del Presidente son más positivos en el interior del país que en la capital. En Montevideo hoy las opiniones están muy divididas, y una ligera mayoría desaprueba el desempeño de Lacalle Pou, mientras que en el interior los que aprueban superan en 10 puntos porcentuales a los que desaprueban”, señaló Cifra.

“También se observan diferencias según nivel educativo. Las opiniones de la mayoría de la población, que tiene educación primaria o secundaria, están muy divididas: casi tantos aprueban como desaprueban. En cambio, entre la minoría con más educación formal, una mayoría clara tiene una visión positiva de la gestión de Lacalle Pou”, agrega.

En 2022, la aprobación de Lacalle cayó 8 puntos y la opinión negativa también aumentó 8 puntos.

Si se evalúan los cambios a lo largo de estos tres años de gobierno, durante el 1er. año el promedio de aprobación era de 63%, porcentaje que descendió apenas, a 60% durante el 2do. año. En éste, su 3er. año de gobierno, el promedio de aprobación es de 50 puntos. La aprobación anual, entonces, cayó 3 puntos entre 2020 y 2021 y 10 puntos entre 2021 y 2022. La desaprobación, en cambio, aumentó más entre el 1er. y 2do. año de gobierno, 11 puntos, mientras que entre 2021 y 2022 aumentó 9 puntos.

Reforma

El Senado aprobó este martes 01/11 la conformación de la comisión especial para trabajar en el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo semanas atrás: 9 dirigentes de la coalición multicolor (oficialismo) y 8 del Frente Amplio (oposición).

El oficialismo: 6 del Partido Nacional (PN), 2 del Partido Colorado (PC) y 1 de Cabildo Abierto (CA).

  • Carmen Asiaín, Sergio Botana, Carlos Camy, Gustavo Penadés, Jorge Gandini y Amin Niffouri fueron los blancos designados.
  • Carmen Sanguinetti y Raúl Batlle son los colorados.
  • Raúl Lozano es el cabildante.

El Frente: Óscar Andrade, José Carlos Mahía, Mario Bergara, Daniel Caggiani, Daniel Olesker, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez y Silvia Nane.

En el oficialismo se ratificó “la idea” de que este año (quedan menos de 2 meses) el proyecto se apruebe en la Cámara Alta para tratarse en Diputados en 2023.

Entonces, el trabajo será en horario extenso.

Sobre las posibles modificaciones que planteará la oposición todavía hay interrogantes.

El senador del Frente, Alejandro Sánchez, declaró que se oponen al proyecto porque “les va a bajar las jubilaciones a todos los jóvenes. Van a tener una jubilación más baja que la que tienen sus padres y que la que tuvieron sus abuelos. Ese es el problema: van a trabajar más años y van a cobrar menos”.

Sánchez dijo, según la web La Diaria, que no se debe elevar la edad mínima de retiro y que debe establecerse un sistema para que quien desee seguir trabajando luego de los 60 años “lo haga voluntariamente y eso signifique tener un beneficio. Cuando les recortamos recursos a los jubilados, lo que estamos haciendo es empobrecerlos”.

El senador Mario Bergara dijo a Informativo Sarandí que el Frente considera que "los únicos que contribuyen a mitigar el déficit del sistema en este proyecto son los trabajadores: trabajan más años, aportan más años y cobran menos jubilación”. Para Bergara “hay otros estamentos de la sociedad que también tienen capacidad contributiva”, y llamó a pensar en mayores aportes del “empresariado”.

Esto es básicamente ridículo porque es encarecer el costo laboral, quitándole estímulo al nuevo empleo. El progresismo siempre se refugia en la pseudo lucha de clases para resolver el dinero que malgasta.

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