Hace 24 horas que en algunas jurisdicciones de Argentina hay turbas de inadaptados sociales que están saqueando (robo piraña) lo que encuentran dentro de las inmediaciones de grandes cadenas de supermercados, almacenes barriales y hasta locales de tecnología, demostrando que el argumento de la ‘necesidad’ y el ‘hambre’ no es válido cuando las imágenes que circulan en redes evidencian delincuentes con cajones de cerveza y plasmas tv robados. En este marco de anormalidad, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, soltó que era necesario un estado de sitio para controlar la insurrección, que ha sido fogoneada por la Izquierda a reconocimiento del dirigente Raúl Castells, tal como contó Urgente 24. ¿Pero realmente funciona un estado de sitio/estado de excepción? Los casos de El Salvador, Ecuador y Honduras hablan por sí solos.
FENÓMENO BUKELE
Estado de sitio-excepción en Ecuador/El Salvador: Palazo al insurrecto
Países con altos índices de criminalidad y gobiernos con distintos tintes ideológicos de Hispanoamérica que han recurrido a regímenes de excepción o estado de sitio con grandes resultados. Qué habilita nuestra Constitución
23 de agosto de 2023 - 14:16
Estado de excepción y estado de sitio por una franja de tiempo en pos de derrotar el crimen
Ecuador es una copia fidedigna de un gobierno populista cuya imagen se vino a pique pese a ser elegido por sufragio, guardando cierta analogía con el presidente Alberto Fernández al que se le exige menos explicaciones que al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, aunque indefectiblemente debe ser interpelado porque es parte de la coalición gobernante kirchnerista-peronista.
En el caso ecuatoriano, el mandatario en funciones Guillermo Lasso quedó involucrado en un entramado narco/financiamiento espurio de campaña vinculado a la mafia albanesa y supuesta malversación de fondos desde la estatal Flopec, que lo obligó a disolver el Congreso y a adelantar las elecciones para evitar destitución por “muerte cruzada”.
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En este aumento de índices delictivos como salideras, asaltos y sicariatos en connivencia con autoridades corruptas regionales y el reciente magnicidio del candidato a presidente Fernando Villavicencio, el presidente ecuatoriano decretó el pasado 10 de agosto el estado de excepción por 60 días y los políticos fueron a votar con cascos y chalecos antibalas cual película de acción.
Tal operativo de votación para los candidatos no fue un delirio, ya que no sólo sucedió el magnicidio de Villavicencio sino que el propio candidato Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) que pasó a balotaje con la correísta Luisa Noboa (Revolución Ciudadana), tal como informó U24, había quedado envuelto en una balacera cuando paseaba en caravana a semanas de los comicios, tal como el otro candidato Otto Sonnenholzner.
Es más, el asesinato del dirigente correísta Pedro Briones post magnicidio de Villavicencio y el atentado a la candidata legislativa por 'Claro Que Se Puede' Estefy Puente, desligó al partido del ex presidente Rafael Correa de supuesta responsabilidad por el asesinato del candidato anticorrupción Villavicencio y legitimó el adelanto de las elecciones.
Cuando Lasso decretó hace poco el estado de excepción y toque de queda en Manabí, Los Ríos y en el cantón Durán de la provincia del Guayas, se justificó en los ‘actos terroristas’ a políticos.
Dicho esto, en la cuestión Argentina, que sectores de la Izquierda local hayan reconocido estar detrás de los saqueos, concibe a ello como análogo al terrorismo y legitimaría entonces la aplicación del estado de sitio.
El presidente argentino Alberto Fernández podría tal como Lasso y sus hómologos latinos decretar un estado de sitio en los municipios en los que delincuentes han saqueado, (como José C. Paz, Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar y Tres de Febrero), hasta que se normalice la situación.
El monopolio de la fuerza legítima o el monopolio del caos
El estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, no olvidemos, sea de Izquierda o Derecha, como evidenció Evo Morales que tomó la decisión de decretar un estado de sitio en Pando ante la ola de violencia del 2008, o los cinco días de estado de excepción en 2002 que impuso el ex presidente paraguayo Luis González Macchi ante manifestaciones que pedían su cabeza o el estado de emergencia nacional en Perú post disolución del Congreso de parte de Castillo.
Cabe destacar que existen pequeñas diferencias entre un estado de sitio y estado de excepción/emergencia; el primero refiere a un régimen de excepción impuesto por el Ejecutivo con la autorización del parlamento para ejecutarlo, que en Argentina, junto con los DNU, intervención federal y delegación legislativa, conforman los institutos de emergencia que consagra la Constitución.
Mientras el estado de sitio (art.23 de la CN Argentina) se declara en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente y tiene duración de 45 días (se puede prorrogar) en los que se garantiza los derechos fundamentales, en el estado de emergencia/excepción se puede restringir derechos (como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito) y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.
Así, la principal diferencia es que el estado de emergencia/excepción en nuestro país no está contemplado, y en otros países hermanos puede ser declarado por el Presidente de la República y gabinete sin necesidad de consulta en el Parlamento.
Ahora bien, en el caso puntual de El Salvador bajo el liderazgo del populismo punitivo de Nayib Bukele, se prorroga cada mes el estado de excepción que habilita a limitar la libertad de asociación y reunión, suspender derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención, aumentar el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permitir a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.
Gracias al plan Bukele que privó de la libertad a 60 mil delincuentes, se redujeron las cifras de homicidios de 2.390 a 496 en sólo cuatro años por las continuas prórrogas del estado de excepción y políticas para combatir el crimen organizado, pese a que cayeron jóvenes por ‘portación de cara’—pero el mandatario salvadoreño o tiene más opción para erradicar el narcocrimen que confiar en el profesionalismo de sus fuerzas armadas—.
Del mismo modo, el país centroamericano de Honduras prorrogó a fines de mayo del 2023 el estado de excepción por 45 días más (aplicado desde año pasado) contra el narcotráfico y la delincuencia armada, y ello concretó la desarticulación de 150 bandas criminales y la decomisación de casi 3 mil armas de fuego.
Por tanto, el recurso legal del estado de sitio y toque de queda ante conductas anómicas sociales en Argentina no debe ser un alegoría a un gobierno antidemocrático o dictadura, sino un garantía de orden y funcionamiento institucional que nos compete a todos.
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