El gobierno nacional de Bolivia reconoció que el país “enfrenta una crisis económica, financiera y social de carácter estructural, reflejada en el desabastecimiento de combustibles, el incremento de costos logísticos y la paralización de actividades productivas en distintos sectores”.
ALARMA EN LA FRONTERA ARGENTINA
El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social por la aceleración inflacionaria
Por el aumento interno de los precios, la escasez de dólares y la desaparición de combustibles, el gobierno de Rodrigo Paz tomó drásticas medidas en Bolivia.
“Este escenario ha tenido un impacto directo en el costo de vida de la población y en el normal funcionamiento de la economía nacional” agregó la administración que encabeza Rodrigo Paz.
Esto ocurrirá siempre y cuando el importador cuente con capacidad de almacenaje propia o alquilada.
También, se dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de un año.
Se buscó con esa decisión facilitar el suministro para el transporte, la producción, la agroindustria y otros sectores estratégicos del país.
Las extremas medidas son de carácter excepcional y transitorio.
La idea es reactivar el aparato productivo nacional, reducir los efectos de la crisis energética y devolver certidumbre a la población boliviana.
Crecimiento del contrabando: ante la escasez de tan vitales productos, se multiplicó la compra ilegal de combustibles.
El departamento de Cochabamba, que en buena medida responde al Movimiento al Socialismo de Evo Morales, ha desplegado piquetes y cortes de rutas en numerosas carreteras y autopistas locales.
Repercusión en Argentina
Hasta mediados del mes de enero, no se ha registrado una diáspora de ciudadanos de Bolivia en busca de llegar a países como Perú, Chile, Brasil o Argentina.
Sin embargo, si las condiciones internas se agudizaran no se descarta un nueva oleada de exiliados hacia esas naciones vecinas.







