FOPEA metió el dedo en la llaga con Adorni y la Oficina de Respuesta Oficial atacó sin argumentos. Acusó al organismo de mentir... cuando sólo recordó la ley.
FOPEA metió el dedo en la llaga con Adorni y la Oficina de Respuesta Oficial atacó sin argumentos. Acusó al organismo de mentir... cuando sólo recordó la ley.
La Oficina de Respuesta Oficial salió a cruzar a FOPEA de forma agresiva justo cuando Manuel Adorni está bajo investigación por su patrimonio, y en lugar de aclarar algo, terminó embarrando más la cancha. Lo más llamativo es que mientras la ORO acusa de "mentir", hasta gente común en redes parece manejar mejor la ley que la propia cuenta oficial.
Recordemos lo que empezó a mediados de marzo para que se entienda a qué viene el posteo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, fue denunciado por los orígenes dudosos de su patrimonio y algunos gastos lujosos que no parecen coincidir con su salario público (alrededor de 3-5 millones de pesos mensuales en ese momento).
Los puntos clave del escándalo son:
Adorni defendió siempre que su patrimonio lo construyó en 25 años en el sector privado antes de entrar al gobierno y que "no tiene nada que esconder". Aunque el pico de la tensión ocurrió la semana pasada, el 25/03, donde Adorni dio una conferencia de prensa en Casa Rosada (flanqueado por algunos ministros y Santiago Caputo) con una larga introducción sobre los logros de la gestión mileísta (superávit, inflación baja, etc.).
Como no podía ser de otra manera, la prensa lo interrogó sobre los viajes y el patrimonio, y sus respuestas fueron: "No tengo nada que esconder", "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", "Con mi dinero hago lo que quiero y viajo a donde quiero". Se escudó en que "hay una causa judicial en curso" y que no daría más detalles para no entorpecerla.
A un periodista incluso le dijo de manera hostil, reflejando el mantra del Gobierno de "no odiamos lo suficiente a los periodistas", que "Apenas sos un periodista, no sos un juez". La conferencia terminó mal, con el jefe de Gabinete abandonando el salón antes de tiempo. La conferencia, lejos de cerrar el tema, empeoró la percepción pública.
A raíz de este escándalo, FOPEA realizó una publicación en su cuenta oficial de X el 26 de marzo de 2026, que lejos de ser provocadora o novedosa, se limita a recordar algo básico dentro de cualquier sistema democrático. El texto afirma: "Los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad independientemente de todo proceso judicial en marcha".
No hay interpretación posible, puesto que es un principio establecido en normas vigentes desde hace años en Argentina, que además forman parte del funcionamiento institucional mínimo de cualquier Estado moderno.
Por un lado, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece en su Artículo 2 inciso e): "Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan."
Por otro, la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública amplía ese marco y lo vuelve operativo en la práctica cotidiana del Estado: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública. Los organismos deben responder en plazos cortos (15 días hábiles) y solo pueden denegar por excepciones taxativas (seguridad nacional, privacidad, etc.)."
En otras palabras, estos dos marcos legales establecen que la transparencia es una obligación para cualquier funcionario público, que además no depende de investigaciones judiciales (ni de si uno es juez o periodista, como argumentaba Adorni). Y en ese esquema, el periodismo funciona como un canal, una herramienta más para ejercer ese control.
Tres días después, el 29/03, la Oficina de Respuesta Oficial publicó un mensaje con un título que ya marca el tono confrontativo de entrada: "FOPEA: LA VERGÜENZA CORPORATIVA DE LA CASTA MEDIÁTICA"
En el largo y confrontativo texto, la ORO acusa a FOPEA de "mentir sobre la Ley de Ética Pública" y plantea que los funcionarios "rinden cuentas al pueblo argentino, no a un lobby corporativo". También agrega que el periodismo "NO es el Cuarto Poder" y que el Gobierno responde con "hechos concretos".
El problema es que en el contenido no aparece una sola refutación legal del planteo de FOPEA. En lugar de discutir lo que dicen las leyes, la ORO recurre a tres movimientos bastante claros:
Primero, convierte una obligación legal como la transparencia en un supuesto reclamo corporativo del periodismo. Segundo, reemplaza el concepto de "rendición de cuentas" por una idea abstracta como "el pueblo", evitando explicar cómo se materializa ese control en la práctica. Y tercero, vuelve a escudarse en variables económicas que no tienen nada que ver con el cumplimiento de las normas de acceso a la información (falacia del arenque rojo). Como si ambos planos (indicadores positivos y el incumplimiento de acceso a la información) fueran mutuamente excluyentes.
Además de usar el concepto de "casta mediática" como argumento central, como si eso resolviera la cuestión de fondo. Las leyes citadas no hacen distinción entre periodistas, ciudadanos o instituciones: el derecho a la información es universal. Por eso, presentar el reclamo como un privilegio sectorial resulta, cuando poco, una simplificación.
En redes sociales, especialmente en las respuestas al posteo, el clima hacia la cuenta oficial fue mayoritariamente crítico, habiendo una mezcla de enojo, ironía y desconfianza hacia ella.
Algunos comentarios reflejan con bastante claridad ese tono:
Hay un patrón que se repite en redes, y es que se percibe que la ORO no está respondiendo con argumentos sólidos, sino con discurso político.
Incluso en los comentarios más equilibrados aparece de fondo la idea de que la discusión se está corriendo del terreno institucional hacia el relato puro, donde lo importante no es lo que dicen las normas, sino quién logra imponer su interpretación.
Si algo queda claro en este caso es que la ley obliga a rendir cuentas, y frente a eso, el debate no debería ser ideológico, sino estrictamente institucional.
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